Pedro Sánchez ha reafirmado su "confianza" en Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, a pesar del reciente escándalo relacionado con la desaparición de mensajes de su teléfono móvil. Un informe de la UCO ha revelado que no se encontraron mensajes pertinentes a la investigación por fraude fiscal vinculada a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha generado controversia y especulaciones sobre la integridad de la investigación.

Durante una reciente comparecencia en La Moncloa, Sánchez fue categórico: "Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno en el fiscal general. Después del informe de la UCO, aún más". Este firme respaldo se produce aunque han surgido serias dudas sobre la comunicación entre García Ortiz y otros fiscales implicados en la investigación, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia de sus acciones.

El presidente del Gobierno insistió en que el fiscal general actúa con imparcialidad, a pesar de que es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera independencia del cargo. Históricamente, han surgido críticas sobre el modo en que la política influye en el poder judicial en España, un tema que sigue generando debate.

La situación se complica con la revelación de que mensajes fueron enviados entre García Ortiz y otros altos funcionarios, lo que alimenta la sospecha de que información sensible pudo haber sido manipulada o filtrada. Sin embargo, Sánchez se defendió de las acusaciones, argumentando que aquellos que utilizan la UCO cuando les interesa, se callan cuando los informes no respaldan sus posturas.

El caso del fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso sigue en el ojo del huracán. Según nuevas pruebas, figuras como Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño, y otros altos funcionarios de comunicación, estaban al tanto de información delicada antes de su publicación, lo que sugiere que el escándalo es más profundo de lo que se pensaba. Sánchez, al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento de esta información previa, respondió con un simple y tajante: "No".

Mientras tanto, la oposición continúa presionando, pidiendo explicaciones y abriendo la puerta a una serie de investigaciones adicionales que podrían transformar este escándalo en un gran desafío para el Gobierno de Sánchez. Con el clima político cada vez más tenso y la sombra del descrédito sobre el fiscal general, el futuro de estas investigaciones y la confianza del público en las instituciones siguen en la cuerda floja.