La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido dar un paso audaz al plantarle cara al Tribunal Constitucional (TC). Esta acción se produce en respuesta a una estrategia del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para bloquear el intento de la Audiencia de recurrir a la Justicia europea sobre las sentencias del caso ERE, las cuales, según su opinión, violan el Derecho comunitario.

En una diligencia emitida el 25 de marzo, a la cual ha tenido acceso ABC, la Audiencia de Sevilla exigió al TC que justifique los motivos detrás de su solicitud de moderar la posibilidad de elevar este caso a instancias europeas. Esto se inscribe en una serie de peticiones realizadas por el TC a diferentes partes del proceso, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los acusados, para que evalúen la viabilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este enfrentamiento se centra en el controversial fallo del TC, que anuló parcialmente las condenas de malversación y prevaricación impuestas a altos cargos socialistas, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La decisión del TC, basada principalmente en los votos de los magistrados propuestos por el PSOE, ha levantado un gran revuelo, ya que permite la rehabilitación política de personajes condenados por un fraude monumental en la distribución de ayudas públicas, que suman casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009.

La Audiencia Provincial tildó la reacción del TC como un acto de rebeldía y extralimitación de funciones, argumentando que el TC ha invadido terrenos que son competencia de los jueces y tribunales comunes. Este conflicto no es un mero desacuerdo; se trata de un episodio que podría tener repercusiones en la estructura jurídica del país y su relación con instancias internacionales.

Los magistrados progresistas del TC, liderados por Conde-Pumpido, intentan minimizar el impacto de la Audiencia de Sevilla en el contexto europeo, organizando debates internos para contrarrestar la iniciativa andaluza de buscar justicia en el TJUE. Se destaca que estas tácticas son elitescas y polarizantes, y que podrían amenazar la independencia judicial en España.

El TC se apoya en el artículo 92 de su Ley Orgánica, que le otorga amplias facultades para asegurar el cumplimiento de sus sentencias, inusitadamente reformado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras el desafío independentista catalán. Sin embargo, los críticos argumentan que este recurso se utiliza de manera inadecuada para obstruir procesos legales en lugar de proteger la justicia.

La tensión entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional marca un nuevo capítulo en la saga del caso ERE, cuyas sombras de corrupción y desfalco seguirán resonando. La batalla legal apenas comienza y sus implicaciones podrían ser trascendentales para el futuro de la política y la justicia en España.