Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sorprendido a todos tras reconocer, al salir de su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, que él fue quien filtró un correo confidencial entre el abogado de su pareja, Alberto González Amador, y el fiscal Julián Salto, quien lo estaba investigando por fraude fiscal. Sin embargo, negó haber difundido el correo específico que investiga el alto tribunal.

"La verdad siempre pa'lante", declaró Rodríguez, quien llegó 20 minutos antes a la citación. Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si podría ser imputado, afirmó que "no hay datos para eso" y subrayó su obligación de decir la verdad ante el juez Ángel Hurtado.

En una declaración que ha generado un gran revuelo, Rodríguez no se detuvo ahí; también arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que tanto él como el fiscal general del Estado deberían ser juzgados. “El fiscal general tiene que ser condenado de manera ejemplar. Nadie debería atreverse a filtrar un expediente secreto de un español”, enfatizó Rodríguez, que señala que la verdadera trama de corrupción está en la figura del presidente Sánchez.

Esta polémica surge después de que la Fiscalía revelara que Rodríguez fue quien inicialmente difundió comunicaciones confidenciales en la noche del 13 de marzo. En su comunicación, manipuló el contenido original para dar a entender que la Fiscalía había ofrecido un pacto favorable a González Amador, lo cual era incorrecto. Este juego mediático desató un efecto dominó, llevando a medios de comunicación a publicar su propia versión de los hechos.

Uno de los correos en cuestión fue enviado por el abogado de González Amador, en el que confesaba haber defraudado 350.000 euros y ofrecía aceptar una condena simbólica, evitando así la prisión. Rodríguez, al ser cuestionado, se justificó afirmando que desconocía que el abogado ya había solicitado un pacto un mes antes.

El Tribunal Supremo investiga ahora si existió una filtración deliberada por parte del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a este escándalo. El enfoque inicial de la “revelación de secretos” se ha ampliado para indagar sobre la conexión entre la Fiscalía y los primeros reportes en medios, que citaban fuentes cercanas a la defensa de González Amador.

Este caso ha sacudido el ámbito político, poniendo en la mira no solo a la figura de Ayuso y su entorno, sino a la integridad del sistema judicial en su conjunto. Mientras tanto, la presión mediática aumenta sobre la transparencia de las instituciones y sus responsables. La audiencia pública se mantiene atenta ante posibles nuevos giros en esta historia que apenas comienza a desarrollarse.