La reciente oferta de licitación presentada por el Gobierno desencadena un nuevo proceso que tiene en alerta a más de un millón de funcionarios cubiertos por Muface, el sistema de mutualidad que les ofrece servicios de salud. En la actualidad, el 67,3% de los funcionarios, alrededor de 1.007.322 personas, dependen de seguros privados como SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Desde octubre, la incertidumbre sobre su futura cobertura ha llevado a muchos a salir a la calle a protestar por los posibles riesgos a su acceso a atención médica, un escenario especialmente crítico dado que el 65% de estos son docentes y un 17% pertenece a la Administración General del Estado.

La licitación original fue aprobada el 8 de octubre, y solo seis días después fue publicada en la Plataforma de Contratación del sector público. Sin embargo, el plazo exacto para que las aseguradoras respondan aún no está definido, lo que añade más tensión al proceso. Se espera que la publicación oficial de la nueva licitación ocurra pronto, permitiendo a las compañías revisar la oferta y decidir si desean continuar participando en Muface.

Este segundo intento de renovación abarca el periodo de 2025 a 2027 y plantea mejoras sustanciales, incluyendo un aumento del 33,5% en la prima, frente al 17,12% de la primera propuesta. Esto significa un cambio en cómo se calculan los costos, variando según grupos etarios, lo que podría hacer que los seguros sean más accesibles para los jóvenes.

Lo que esto implica para la Administración es un aumento de sus gastos en salud: la prima media por mutualista pasará de 1.032,12 euros a 1.262,28 euros en 2027, aunque seguirá siendo inferior a lo que se gasta en la sanidad pública, que es de 1.736 euros por persona. La suma total de la contratación alcanzará aproximadamente 4.478 millones de euros, lo que representa un incremento significativo con respecto al convenio vigente.

A pesar de las mejoras en la propuesta, las aseguradoras mantienen una postura cautelosa. Adeslas, DKV y Asisa han expresado que necesitan evaluar detenidamente los detalles antes de comprometerse. En caso de que la licitación quede desierta el próximo 31 de diciembre, quedaría abierta la posibilidad de una prórroga a corto plazo, aunque esto complicaría la continuidad del servicio.

La ley permite prórrogas en ciertas circunstancias, pero el tiempo es un factor crítico. Para mantener la cobertura, es esencial que el anuncio de nuevas licitaciones se realice dentro de los plazos establecidos, algo que actualmente está en la cuerda floja. Con estas reformas en juego, más de un millón de funcionarios esperan con ansiedad una resolución que podría cambiar la forma en que acceden a servicios de salud en el futuro.