En medio de un panorama económico complejo caracterizado por la inflación, la riqueza financiera neta de los hogares españoles ha alcanzado en septiembre de 2024 un histórico récord de 2,3 billones de euros. Este incremento del 12% en comparación con el mismo mes del año anterior ha sido impulsado principalmente por el alza de los precios, más que por un verdadero aumento en la capacidad económica de las familias.

La inflación, que golpeó con fuerza la economía española en 2022 y 2023, alcanzando tasas del 10%, ha dejado secuelas evidentes. Aunque para 2024 la inflación se ha estabilizado en un 2,8%, los efectos de los años de precios elevados son palpables en la estructura de los activos financieros de los hogares. Estos activos han crecido un 8,6%, alcanzando los 3 billones de euros, pero esta cifra no se traduce necesariamente en una mejora en el poder adquisitivo real de las familias.

La subida en los valores de acciones y fondos de inversión ha sido un motor crucial para este aumento. Sin embargo, aunque las cifras en cuentas bancarias son más elevadas, el poder de compra ha disminuido desde la crisis inflacionaria. Además, la composición de activos ha cambiado; el efectivo y los depósitos constituyen ahora solo el 35% del total, lo que sugiere que los hogares buscan alternativas de inversión más rentables, impulsados por las variaciones en las tasas de interés.

La desigualdad en la distribución de esta riqueza es notable; las familias con mayor capacidad de inversión han visto ventajas en esta revalorización, mientras que los sectores de menores recursos se han limitado a estrategias defensivas, optando por el ahorro en depósitos.

Por otro lado, la deuda de los hogares ha disminuido ligeramente en un 0,3% en comparación con el tercer trimestre de 2023, lo que podría parecer un indicativo de mejora en su situación financiera. Sin embargo, esta reducción es más bien una consecuencia de la contención del consumo y la inversión, ya que las adquisiciones netas en activos financieros han caído, refiriéndose a una desinversión.

En términos relativos, la deuda representa ahora el 44,1% del PIB, una cifra inferior al 47,2% del año anterior. Este descenso no refleja únicamente la solvencia de las familias, sino también el impacto del crecimiento económico, que experimentó un repunte del 0,8% en el tercer trimestre del año. Este aumento en el PIB ha permitido que la relación entre deuda y riqueza de los hogares disminuya, continuando la tendencia que se observó desde la crisis sanitaria.

La situación es similar para las empresas, que aunque han visto un incremento en su deuda absoluta, en términos generales también han visto una reducción de dicha relación respecto al PIB. La deuda consolidada de empresas y hogares ha alcanzado los 1,7 billones de euros, representando un 109% del PIB, lo que indica una mejora en la salud financiera global del país y una disminución de la carga de deuda en relación con la producción económica total.

Este contexto financiero nos lleva a comparar la situación actual con el periodo de auge en 2001, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En esa época, la confianza en el crédito era alta y la carga de deuda se sentía administrable. Sin embargo, tras la crisis de 2008, el endeudamiento alcanzó niveles alarmantes, superando el 200% en 2010. Por ello, los actuales niveles de deuda, que son los más bajos en más de dos décadas, son motivo de esperanza en medio de un contexto económico incierto.