El 8 de diciembre de 2024 se convirtió en una fecha trágica para Luis Arroyo y su familia. En un contexto de creciente violencia y tensiones en Ecuador, Luis perdió a sus dos hijos, Ismael (15) y Josuè (14), quienes, junto a otros dos menores, desaparecieron tras ser detenidos por el ejército en Guayaquil. La historia ha estallado en titulares, revelando no solo el horror de la violencia en las calles, sino el impacto devastador de la inseguridad en las familias ecuatorianas.

La noche fatídica, Luis salió a comprar y al regresar notó que sus hijos no estaban en casa. Preocupado, comenzó a buscarlos, pero no encontró rastro de ellos. Alrededor de las 10:40 p.m., su esposa recibió una llamada de un desconocido que informó que los menores habían sido detenidos por militares. Ismael logró comunicarse brevemente con su padre, pidiendo ayuda y revelando que estaban en un estado alarmante, desnudos y asustados.

"Papi, ven, sálvame", fueron las palabras que resonaron en su cabeza durante los días siguientes, mientras la angustia y la desesperación crecían. Luis intentó contactar a las autoridades, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las horas se convirtieron en días de incertidumbre, hasta que la trágica noticia llegó por redes sociales: cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados cerca de una base militar.

Luis y su familia enfrentaron la desgarradora tarea de identificar los cuerpos, que habían sido encontrados en un estado horrendo. "Solo les dejaron sus pies", comenta, recordando el momento en que vio a sus hijos en la morgue. La falta de respuesta de las autoridades y la brutalidad del caso han llevado a la familia a exigir justicia, manifestando que este no es un hecho aislado.

"Estos niños eran inocentes. Nunca cometieron ningún delito", aclara Luis, enfatizando que su familia no es la única afectada por la violencia sistemática y la presunta impunidad de los cuerpos de seguridad. Ahora, entre el duelo y el clamor por justicia, la familia Arroyo denuncia lo que consideran una estrategia fallida y discriminatoria del gobierno de Daniel Noboa, que pone en riesgo a los ciudadanos más vulnerables.

La tragedia ha levantado protestas en varias ciudades, donde las voces de quienes claman por justicia y transparencia no cesan. Los padres de los niños desaparecidos exigen cambios en la política de seguridad militar del país, instando a que se frene la violencia y se protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Luis, no obstante, se mantiene firme: "Mis hijos eran todo para mí. Siempre los llevaré en mi corazón. No me descansaré hasta que se haga justicia". En medio de su dolor, se alza un grito colectivo de resistencia, donde cada nombre perdido se convierte en un símbolo de lucha por un futuro donde la vida y la seguridad tengan un valor genuino en Ecuador.