Este jueves, 2 de enero, entra en vigor la nueva Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia judicial, que promete revolucionar la forma en que se resuelven los conflictos legales en España. Una de las claves de esta reforma es la creación de tribunales de instancia y, sobre todo, la elevación de la mediación a un papel central en la resolución de disputas antes de recurrir a los tribunales.

La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial donde una tercera persona neutral, el mediador, ayuda a las partes enfrentadas a entender su situación y a buscar soluciones mutuamente aceptables. Este proceso no solo busca llegar a un acuerdo, sino también asegurar que ambas partes se sientan escuchadas y comprendidas, evitando así la confrontación que implica un juicio.

En España, todos los ciudadanos tienen acceso a un Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, que facilita encontrar un mediador por área geográfica y especialidad (civil, mercantil, familiar, etc.). Esta accesibilidad es un paso hacia una cultura de paz y entendimiento entre las diversas partes que pueden verse involucradas en conflictos.

Por ejemplo, en casos de divorcios sin hijos, se puede recurrir a la mediación para regular cuestiones como el uso de la vivienda conyugal o la liquidación de bienes, lo que ahorra tiempo y reduce la tensión emocional.

Lo más relevante de la nueva ley es que se fomenta la mediación en todas sus formas. De acuerdo con la normativa, en cualquier momento del procedimiento, abogados o jueces podrán proponer la mediación. Esto busca transformar la forma en que los ciudadanos abordan sus disputas, convirtiendo la mediación en la primera opción antes de optar por los largos y costosos procesos judiciales.

Además, se establecerá como obligatorio presentar evidencia de que se ha intentado un acuerdo previo antes de iniciar un juicio, un cambio que podría ser decisivo para la carga de trabajo en los juzgados. Se estima que algunos juzgados, como los especializados en violencia de género, verán un incremento de casi un 12% en su carga laboral, debido a la complejidad que estos casos pueden acarrear cuando no se opta por la mediación.

Así, con la nueva ley de eficiencia judicial, se espera no solo descongestionar los juzgados sino también fomentar un entorno más colaborativo y menos conflictivo en la resolución de disputas legales. ¿Estamos ante un cambio radical en la justicia española? Solo el tiempo lo dirá, pero la mediación podría resultar ser la clave para un futuro más armonioso.