La controversia del 'Caso Sijena' ha reverberado en el ámbito político tras las declaraciones del ministro de Cultura, Miquel Iceta Urtasun. El presidente del Partido Popular en Aragón, Azcón, cuestionó su competencia al referirse a las sentencias judiciales que favorecieron los intereses aragoneses como un 'acto político'. Azcón enfatizó: 'No se puede descalificar una sentencia judicial, el respeto por nuestras instituciones es primordial'. Advirtió que Aragón no tolerará un nuevo expolio de su patrimonio.

Este dilema surge a raíz de la intervención de Urtasun en respuesta al diputado de Junts, Francesc Xavier Ten, quien destacó un 'expolio' vinculado al 'Caso Sijena' y sugirió que la causa debería ser 'amnistiada'. Aunque Urtasun reconoció que la competencia del Monasterio de Sijena corresponde a la comunidad autónoma de Aragón, también criticó las decisiones del Ejecutivo de Rajoy, argumentando que el conflicto se ha politizado en lugar de abordarse desde el diálogo.

Las reacciones no se hicieron esperar. La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, lamentó la falta de conocimiento del ministro sobre el conflicto, subrayando su experiencia como consejera de Cultura durante el proceso judicial. Pérez se mostró dispuesta a comunicarle a Urtasun la realidad del litigio, tachando sus declaraciones de 'desafortunadas e inexactas'.

Además, la tensión creció cuando Pérez expresó su indignación por la actitud de los partidos independentistas catalanes, acusándolos de dar lecciones sobre la preservación del patrimonio mientras ellos mismos mantenían estos bienes guardados sin ningún cuidado. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, se sumó a las críticas, exigiendo disculpas a Urtasun por sus comentarios sobre el litigio.

El 'tesoro de Sijena' simboliza un conflicto que ha dividido a Aragón y Cataluña durante décadas. La historia se remonta a 1970 cuando las monjas del monasterio decidieron vender un centenar de piezas tanto a la Generalitat de Cataluña como al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) por 50 millones de pesetas. En 2015, un juez de Huesca revocó dicha venta, considerándola ilegal pues no contaba con la autorización necesaria por tratarse de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Ledesma, del PP, enfatizó que tanto los juzgados como la Audiencia Provincial de Huesca y el Tribunal Supremo declararon que estos bienes eran parte integral del monasterio y no podían ser desvinculados. Esta continua lucha por la recuperación del patrimonio cultural eleva no solo las pasiones locales sino también los ecos en el ámbito nacional, siendo un recordatorio del delicado equilibrio entre las comunidades autónomas en España.