Seis meses después del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para transferir competencias en inmigración a la Generalitat, la situación sigue en el aire. La falta de votos necesarios para aprobar el traspaso será evidente en el debate de este martes en el Congreso. Pero además, la administración de la Generalitat no está preparada para asumir tales competencias, que actualmente son limitadas.

La Generalitat solo gestiona cuestiones como la acogida inicial de extranjeros y algunas políticas sociales. Para poder ampliar sus competencias, sería necesario un aumento considerable del personal y cambios regulatorios, algo que requiere voluntad política, finanzas y tiempo.

El pacto en peligro

El pacto forjado en marzo fue una exigencia de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez, y contempla la transferencia de competencias que hasta ahora son exclusivas del Estado, como la emisión de autorizaciones de residencia y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ya se ha advertido que este traspaso podría complicarse sin un aumento significativo del personal.

El anuncio tomó por sorpresa a la Generalitat, que ha empezado a prepararse por si se concretan estas competencias. Desde el Departamento de Asuntos Sociales, se están analizando los cambios necesarios para gestionar esta posible nueva responsabilidad.

Desafíos en la gestión actual

A pesar de que Junts no gobierna la Generalitat, la presión por obtener estas competencias aumenta, especialmente en un contexto donde el partido ultranacionalista Aliançà Catalana está ganando popularidad a costa de Junts. Este martes, el Congreso será el escenario donde Junts defenderá su visión sobre la gestión de inmigración.

Sin embargo, la oposición, incluyendo a Podemos, duda que la propuesta de ley avance. Aún si logran mayorías en el futuro, la transferencia no será inmediata, según los expertos.

La situación actual de documentación

Uno de los trabajos más críticos de la Generalitat es la emisión de informes de arraigo, esenciales para que los inmigrantes consigan permisos de residencia y trabajo. Este año, el Govern admitió tener más de 7,000 expedientes acumulados para resolver, lo que plantea dudas sobre la capacidad de la Generalitat para gestionar nuevas competencias.

Fuentes de la administración reconocen que la falta de personal es un problema endémico, especialmente en el caso de la Agencia Tributaria, donde han enfrentado dificultades para incorporar nuevos trabajadores.

Un vacío que podría ser clave

El Estatut de Cataluña establece las bases para que la Generalitat gestione competencias en inmigración. Oriol Amorós, exsecretario de Inmigración, menciona que la transferencia no será sencilla, pero que se necesita un fuerte compromiso político. Subraya que las percepciones sobre los inmigrantes suelen ser diferentes según el tipo de política involucrada.

Amorós indica que la Agencia de Migraciones de Cataluña, creada para gestionar políticas migratorias, actualmente está vacía de funciones. Este vacío podría, en el futuro, convertirse en una herramienta útil para la delegación de competencias, siempre y cuando haya un compromiso claro de desarrollo.

El clamor de la comunidad inmigrante

Los preocupaciones sobre la eficacia en la gestión resuenan entre los afectados. Anabel Intrialgo, de la Asociación de Ecuatorianos de Cataluña, señala que la actual lentitud de los trámites perjudica a quienes quieren viajar o trabajar. La falta de personal es una queja recurrente, y Intrialgo destaca que las voces de las entidades que representan a inmigrantes a menudo son ignoradas en los procesos de toma de decisiones.

En definitiva, la delegación de competencias en inmigración es un tema delicado y complejo que propone más preguntas que respuestas. Sin acciones concretas y recursos suficientes, la Generalitat puede que nunca esté lista para asumir esta responsabilidad tan crítica.