Los sindicatos de la Policía Nacional junto a asociaciones de la Guardia Civil han levantado la voz para rechazar de manera contundente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ampliamente conocida como ley mordaza, la cual ha sido pactada entre los partidos PSOE, Sumar y Bildu. Aseguran que esta reforma "desprotege" a los agentes y socava el principio de autoridad que es fundamental en su labor.

El nuevo acuerdo busca crear una legislación que prohíba el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad y que suaviza las penalizaciones por desobediencia y faltas de respeto, bajando su consideración de infracción grave a leve. También se propone abolir las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, lo que ha generado preocupación en los agentes.

En el programa Espejo Público de Antena 3, Aarón Rivero, Secretario General de JUPOL, expresó su descontento, calificando la reforma como "un despropósito" y que resulta en "una profunda vergüenza" para la profesión. Asegura que la prohibición de las pelotas de goma podría derivar en un aumento de la violencia en las manifestaciones, al favorecer "una lucha cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías", poniendo en riesgo a estos últimos.

Además, hace hincapié en que eliminar las devoluciones en caliente dejará a los policías en Ceuta y Melilla en una situación de vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones críticas sin las herramientas necesarias para protegerse.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) resalta que esta modificación no refuerza la autoridad policial, sino que habilita conductas que menoscaban el respeto a la ley. En una comunicado, subrayan que no se puede regular legalmente la desobediencia hacia los agentes cuando el objetivo es aumentar el castigo a estas actitudes delictivas.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta la falta de reconocimiento y apoyo a la labor policial, lo cual se considera perjudicial para la efectividad de su trabajo. La organización pide que cualquier cambio legislativo conlleve mejoras reales que aseguren a los agentes operen bajo la máxima protección legal.

Asimismo, la Confederación Española de Policía (CEP) clama que esta reforma es un "ataque directo" a la operatividad de los agentes en toda la historia democrática del país. Afirman que la reducción de infracciones graves a leves en casos de desobediencia y faltas de respeto situará a los agentes en un escenario de desprotección y riesgo constante, además de eliminar las pelotas de goma.

Desde la Guardia Civil, la asociación Jucil expresa su "preocupación y rechazo absoluto" ante el acuerdo, que consideran pone en riesgo la vida de los efectivos, debilitando su capacidad de reacción en situaciones críticas. Según Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, "el Gobierno está desprotegiendo a los que arriesgan sus vidas diariamente para mantener la seguridad de los ciudadanos".

Leal también critica que la conversión de infracciones por desobediencia en faltas leves y la eliminación de las pelotas de goma es equivalente a "desarmar a los guardias civiles", lo que amenaza su integridad y seguridad jurídica.

Finalmente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) enfatiza la necesidad urgente de reforzar el principio de autoridad, proponiendo una modificación del código penal para endurecer las penas por agresión a los agentes, quienes sienten que tras este acuerdo quedan "atados de pies y manos". La polémica está servida, y el debate sobre la seguridad y protección de los agentes de seguridad en España promete extenderse.