La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho un llamado a la reflexión tras la controversia generada por sus declaraciones sobre la reciente sentencia absolutoria de Dani Alves. Montero calificó de "vergonzoso" que la presunción de inocencia prevaleciera sobre el testimonio de la víctima, lo que desató una oleada de críticas que provino tanto de partidos políticos, como de asociaciones judiciales de todo el espectro político. La presión llevó a Montero a pedir disculpas públicamente, declarando: "Si mis palabras dieron a entender que cuestionaba la presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho, me retracto y ofrezco mis disculpas".

A pesar de sus disculpas, la vicepresidenta mantuvo su postura sobre que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña representa "un retroceso" en el avance hacia la justicia para las víctimas de agresiones sexuales. Montero enfatizó que lo crucial es "el debate" en torno a este tema y la importancia de profundizar en las implicaciones de la sentencia. En ese sentido, lo que ha generado mayor controversia no ha sido solo el fallo en sí, sino las declaraciones de Montero, que han abierto un intenso debate sobre la responsabilidad de los discursos de los líderes políticos en casos de tal sensibilidad.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se pronunció sobre el caso, argumentando que "no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres", en un claro apoyo a las víctimas de violencia de género y a la necesidad de que sean escuchadas. Esta posturas han puesto de relieve la tensión entre la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un juicio justo.

Las reacciones no se hicieron esperar; organizaciones judiciales tanto conservadoras como progresistas criticaron las palabras de Montero, sintiendo que podrían socavar la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, desde el Gobierno se defendió hasta el final que sus ministros tienen derecho a expresar opiniones sobre decisiones judiciales, siempre que se haga con respeto.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, declaró que es evidente el respeto del Gobierno por la justicia y sus sentencias, y subrayó que comentar sobre ellas no es antagónico a ese respeto. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que Montero ya había "matizado sus declaraciones" y pidió que el debate no se prolongue más allá de lo necesario. No obstante, algunas voces dentro del Partido Socialista han reconocido que Montero pudo haber sido mal interpretada o no haber elegido sus palabras con la suficiente claridad.