Moncloa ha negado rotundamente que tuviera acceso al e-mail en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso confiesa delitos fiscales antes de que se hiciera público en la prensa. Este anuncio llega tras un controvertido informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señala a varios altos cargos del Gobierno y del PSOE, sugiriendo que intercambiaron mensajes sobre el contenido del correo, aunque el Ejecutivo se defiende afirmando que no tuvo acceso a él hasta que fue divulgado.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha esclarecido la situación ante los medios de comunicación, asegurando que tales afirmaciones son "absolutamente" falsas. López también destacó que la noche anterior a la publicación, al menos cuatro medios de comunicación ya habían informado sobre el asunto, lo que, según él, pone en duda la veracidad de las acusaciones.

El informe de la UCO menciona que al menos cinco figuras del alto Gobierno y miembros del PSOE estaban al tanto de la existencia del e-mail, que había sido enviado por el abogado Alberto González Amador a la Fiscalía. Las personas señaladas incluyen a Pilar Sánchez Acera, el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, entre otros.

La Guardia Civil ha expresado que la información llegó a Moncloa antes de publicarse en los medios, aunque no se encontraron pruebas en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien podría haber eliminado dicha información por motivos de seguridad. En este contexto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha levantado nuevas suspicacias sobre el caso, sugiriendo que el escándalo se traslada de los fiscales a los altos miembros del Gobierno.

En respuesta a esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha llevado la acusación un paso más allá, afirmando que la falta de pruebas en el móvil del fiscal se debe a un intento deliberado de ocultar un posible delito. Ayuso ha solicitado la dimisión de Pedro Sánchez, a quien acusa de cobardía y de estar perdiendo el control de la situación.

Por su parte, Sánchez ha exigido que aquellos que desafían la integridad del fiscal general del Estado presenten pruebas. En un tono desafiante, ha demandado "disculpas" a sus acusadores, argumentando que la narrativa sobre la supuesta eliminación de mensajes solo busca desviar la atención. Según él, lo que se ha generado es una "inmensa cortina de humo" para encubrir lo verdaderamente importante detrás de este escándalo que sacude a la política española. La tensión entre estos líderes políticos continúa creciendo, y la cuestión de la transparencia y la responsabilidad en la administración pública se ha convertido en un tema candente que interesa a todos los ciudadanos.