El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías, no se ha quedado callado y ha denunciado la irregularidad en la constitución del Pleno que aprobó la abstención en bloque del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en todos los recursos contra la ley de amnistía. En su voto particular, Macías argumenta que su participación en esta reunión fue en contra de su propio criterio y subraya que la decisión de incluir a los otros tres magistrados dentro de la votación sobre dichas abstenciones, tomada por la mayoría progresista, es muy cuestionable.

La situación presentada, según Macías, no solo pone en tela de juicio la legitimidad del tribunal, sino que también deja entrever una posible connivencia entre los magistrados que han sido recusados. Su preocupación es que esto socavaría la confianza en el tribunal y avivaría el discurso sobre la politización del mismo.

Macías, quien ha ocupado un cargo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), afirma que la decisión de apartar a Campo de los recursos contra la Ley de Amnistía no debería haberse tomado con la composición actual del Pleno, que incluye a magistrados que ya han sido recusados. Según él, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que, una vez planteada una recusación, los magistrados recusados no pueden participar en el procedimiento hasta que se resuelva dicha recusación.

El magistrado reitera que permitir la participación de miembros recusados en decisiones clave del tribunal crea un entorno de desconfianza y puede llevar a interpretaciones de complicidad que desgastan el crédito del TC ante la opinión pública. Aunque en casos excepcionales se permite que los recusados participen en la votación sobre su propia recusación, esto solo ocurre en circunstancias muy específicas, como cuando todos los magistrados son recusados o cuando no hay quorum suficiente.

Macías también critica la decisión del presidente del TC de asumir la ponencia sobre las abstenciones planteadas por Campo, dado que él mismo está afectado por una recusación no resuelta. Esta situación, sostiene, no debería ser válida, ya que va en contra de los principios de funcionamiento del tribunal.

En un debate más amplio, Macías señala que el hecho de que Campo haya justificado la concesión de indultos en su pasado como ministro no debió influir en su decisión de abstenerse del caso actual, ya que no existe un interés directo o indirecto en el resultado del pleito que resulte de esa abstención. Acentúa la contradicción entre la justificativa de Campo y la práctica judicial que sostiene que los juristas de renombre no pueden llegar al tribunal sin una base sólida de conocimiento sobre los asuntos que se les presentan.

Por último, Macías concluye que la situación generada por la composición y funcionamiento del Pleno es extremadamente preocupante y resalta que este tipo de irregularidades no solo menoscaban la credibilidad del TC, sino que pueden tener un impacto mucho más amplio en la confianza del público en el sistema de justicia español. La comunidad jurídica y los ciudadanos están a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos en torno a este caso, que promete ser el foco de intensos debates legales y políticos en los próximos días.