El futuro penal de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del gobierno de Pedro Sánchez, podría depender de la información que Google y WhatsApp proporcionen en una investigación crucial. A pesar de que el presidente del gobierno no tiene control directo sobre estas empresas, ha dejado en claro que su administración está dispuesta a tomar medidas, incluyendo impuestos o restricciones a compañías que operan en España.

Recientemente, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha otorgado permiso a la Guardia Civil para solicitar a estas plataformas de comunicación los mensajes enviados y recibidos por García Ortiz en relación con la filtración de datos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esto plantea un dilema para el fiscal general, ya que su inocencia podría depender de si logra evitar una nueva acusación por posible destrucción de pruebas.

En un contexto donde las leyes de protección de datos son estrictas, las empresas tecnológicas tienen la obligación de colaborar con la justicia. Sin embargo, esto no garantiza que los mensajes en cuestión sean revelados. Hay quien sugiere que el gobierno tiene un historial de gestión hábil de crisis en estos casos, recordando situaciones pasadas como la toma de control de Telefónica.

Por otro lado, el caso de Íñigo Errejón, quien renunció a su cargo en Sumar afirmando que la situación en su partido no era consistente con su ética personal, resuena fuertemente en la opinión pública. Errejón se defendió diciendo que en su época, el movimiento defendía la credibilidad de las denuncias de las mujeres. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es por qué, si sostenía esos principios, ahora se enfrenta a acusaciones de conducta inapropiada.

La intersección entre la ética y la política en estos casos revela una dinámica compleja. La coherencia que Errejón alegaba estar defendiendo es similar a la que García Ortiz argumenta al afirmar su inocencia. Pero la controversia persiste: ¿pueden las excusas ideológicas justificar acciones que podrían estar en la frontera de lo legal?

La tensión entre la justicia y la política continúa creciendo en España, y con cada revelación, surgen más preguntas sobre la integridad de las figuras públicas. Este es un momento decisivo para la imagen del gobierno y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones.