Los desastres provocados por el cambio climático son cada vez más evidentes en España. Desde 2019, las inundaciones y las DANA (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) han generado indemnizaciones que ascienden a 1.500 millones de euros, y esta cifra podría aumentar con la reciente DANA que afectó a Valencia. Este evento ha sido clasificado como uno de los más devastadores en las últimas décadas, y las consecuencias económicas todavía no se han completamente evaluadas.

El Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre los daños por catástrofes naturales que no son asegurados por el sector privado, ha estado lidiando con un aumento drástico en las solicitudes de compensación. El director de Operaciones, Celedonio Villamayor, revela que se han recibido más de 9.000 reclamaciones en las primeras 24 horas tras el siniestro, un ritmo asombroso de una reclamación cada tres o cuatro segundos. Esto ilustra no solo la magnitud de los daños, sino también la creciente concienciación de los españoles sobre la importancia de tener un seguro adecuado.

En los últimos 30 años, las lluvias torrenciales se han intensificado, y se espera que los costos de las compensaciones en esta ocasión alcancen cifras sin precedentes. El récord actual se fijó tras la riada de 1983 en Bilbao, que se valoró en más de 220 millones de euros. En comparación, las DANA generan costes más altos que las inundaciones normales; un estudio reciente muestra que los daños patrimoniales promedian 50 millones de euros, frente a los 35 millones típicos de una inundación regular.

Además de los daños materiales, este tipo de fenómenos ha tenido un deterioro notable en la salud pública. En el periodo de 1995 a 2018, el consorcio indemnizó a 157 personas por fallecimientos o heridas, y lamentablemente, se prevé que esta cifra aumente drásticamente después del reciente evento, que ya ha dejado 155 personas muertas.

La situación está afectando no solo a las personas, sino también a la infraestructura. Las aseguradoras, como Mapfre y Santalucía, están ampliando sus horas de atención, preparándose para una avalancha de solicitudes. En lo que va del 2023, las inundaciones causaron unas pérdidas promedio de 6.475 euros por individuo afectado.

Sin embargo, los efectos del cambio climático y la mayor frecuencia de estos fenómenos extremos siguen siendo una preocupación grave. Las leyes y regulaciones se están adaptando para responder a estos nuevos desafíos, pero aún queda un largo camino por recorrer. Los expertos alertan que en un mundo donde las catástrofes naturales son cada vez más comunes, la preparación y adaptación son cruciales para limitar los daños futuros. Por eso, la inversión en infraestructura resiliente y campañas de sensibilización sobre seguros serán fundamentales para afrontar un futuro incierto.

La aceptación de la tecnología en la evaluación de daños ha permitido al Consorcio estimar los daños más eficientemente. Desde hace 15 años, utilizan imágenes satelitales y geolocalización para detectar las zonas más afectadas, lo que les permite asignar peritos más rápidamente.

A medida que se continúan las evaluaciones y se atienden las reclamaciones, Villamayor enfatiza la importancia de ser sensibles en el tratamiento de los afectados, reconociendo que muchos están atravesando un momento difícil en sus vidas. Esta catástrofe, como tantas otras, es un recordatorio impactante de que la naturaleza puede ser devastadora y nos obliga a repensar cómo interactuamos con nuestro entorno.