Durante las primeras semanas de la pandemia de covid-19 en 2020, el personal de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid realizó visitas a diversas residencias, y los informes que elaboraron revelan la cruda realidad que enfrentaban las personas mayores. Estos documentos, que han sido consultados por elDiario.es, muestran la desesperación y el vacío institucional en el que se encontraron muchos de estos centros.

Particularmente alarmante es la constatación de que muchos residentes no fueron admitidos en hospitales y no recibieron cuidados paliativos, en evidente contradicción a las afirmaciones del Gobierno madrileño sobre la ausencia de protocolos que impidieran estos traslados. Un dato escalofriante es que más de 6.000 personas fallecieron en las residencias de Madrid en esos meses críticos.

Condiciones Deplorables

El informe de una residencia que contaba con capacidad para 93 personas, pero cuyo personal se encontraba a la mitad, refleja 20 fallecimientos en tres semanas, la mayoría con síntomas de covid. Otro informe, proveniente del barrio de Manoteras, registró 160 enfermos en una residencia que contaba con 259 residentes y 23 muertes, destacando que al llegar la ambulancia, se negó el traslado por no cumplir con los “criterios” establecidos.

Los documentos también evidencian la deficiencia de comunicación con los hospitales y la renuencia de estos a admitir a pacientes, lo que coincide con testimonios de profesionales de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, quienes denunciaron la falta de colaboración por parte de los hospitales. Ante esta situación, la directora de una residencia en Colmenar Viejo se mostró agotada y frustrada por el abandono institucional, indicando que muchos residentes no estaban en condiciones críticas antes de la pandemia, pero terminaron falleciendo debido al nulo apoyo disponible.

El Colapso del Sistema

La sobrecarga del personal fue evidente. En un centro de Barajas, con 34 fallecidos en un mes, se relató que el hospital no aceptaba pacientes de la residencia. Otro informe de Arganda del Rey reveló que de 44 muertes, 41 ocurrieron en el propio centro, ya que, según el personal, no había criterios de derivación claros.

Respecto a las condiciones materiales, las actas señalaron la falta de limpieza, medicamentos y un notable abandono. Un centro de Pozuelo que albergaba a 39 personas, era descrito como un chalet inadecuado, mientras que otro en Las Rozas denunciaba un “exceso de mortalidad” alarmante con 83 fallecimientos documentados. Lo que una vez fue un entorno de cuidado, se había convertido en un lugar de desamparo extremo para aquellos que más lo necesitaban.

El clamor por respuestas ha crecido, y políticos como Lorena Morales del PSOE, han pedido acceso a la información sobre las llamadas al 112 y los informes de inspección. Denuncian estos documentos como evidencias del abandono por parte de la Administración, subrayando que, si se hubieran permitido los traslados a hospitales, probablemente muchas vidas se habrían salvado.

El Futuro y la Responsabilidad

Mientras tanto, fuentes de la Consejería aseguran que las decisiones sobre los traslados de pacientes se tomaron caso por caso, siempre siguiendo criterios clínicos. Sin embargo, la evidencia sugiere que las decisiones administrativas pusieron en peligro la vida de miles de residentes.

Hoy, las lecciones de esta tragedia deben ser aprendidas. Se hace imprescindible investigar exhaustivamente lo ocurrido y garantizar que un evento similar no vuelva a repetirse. La vulnerabilidad de nuestros mayores debe ser custodiada con la responsabilidad y el respeto que merecen.