Las once comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, gobernadas por el Partido Popular (PP) han emitido un comunicado conjunto en el que defienden su decisión de no declarar Zonas de Mercado Tensionado en sus territorios. Estas zonas se definen como áreas con problemas específicos de acceso a la vivienda, donde los precios han registrado un aumento significativo. En su respuesta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien advirtió sobre la retirada de financiación a aquellas regiones que no cumplan con la Ley de Vivienda, los firmantes han calificado este aviso de 'chantaje' y han afirmado que no lo tolerarán.

La gestión de las políticas de vivienda es competencia de las comunidades autónomas, aunque el gobierno central financia más del 70% de las medidas con fondos estatales. Rodríguez había anunciado un ultimátum el 26 de septiembre, afirmando que 'aquellos que no apliquen la ley de vivienda no recibirán financiación del Gobierno'. La ministra subrayó la necesidad de un trato diferenciado entre comunidades que cumplen la ley y aquellas que se oponen a ella por motivos políticos.

El comunicado, que cuenta con la firma de las administraciones de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla, sostiene que el Estado debe repartir equitativamente los recursos públicos y critica la intención de la ministra de condicionar la financiación a la aplicación de cualquier normativa impuesta.

Los líderes del PP argumentan que declarar zonas tensionadas solo generaría un desplome de la oferta de vivienda y un aumento en los precios. Un modelo de política de vivienda que proponen es el bono de alquiler joven, un subsidio de 250 euros destinado a las rentas de alquiler. Según sus cifras, las políticas del Gobierno han llevado a un aumento del 32% en los alquileres entre 2018 y 2024, destacando que la ‘Ley de Vivienda’ aprobada en abril de 2023 ha sido un factor determinante en este incremento.

Asimismo, el PP señala la ocupación ilegal como un problema severo, estimando que hay más de 78,000 viviendas ocupadas en todo el país. Denuncian también el aumento de la inquilinidad—situación donde inquilinos dejan de pagar sus rentas—argumentando que este fenómeno ha crecido alarmantemente en los últimos meses. Además, han recordado que hace un año y medio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la construcción de 183,000 viviendas sociales, un proyecto cuya ubicación y avance siguen siendo inciertos.

Por su parte, el Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha replicado a las acusaciones del PP, argumentando que es este partido el que hace 'chantaje' a los ciudadanos. Urtasun insistió en que las comunidades deben asumir el cumplimiento de la ley de vivienda para acceder a los fondos del Gobierno. Desde Sumar, han elevado la presión sobre los socialistas, exigiendo una estrecha relación entre la transferencia de ayudas públicas y la aplicación de políticas que regulen los alquileres, así como la prohibición de la especulación inmobiliaria en zonas tensionadas.

La discusión en torno al acceso a la vivienda es cada vez más acuciante en España, y se ha convertido en un tema central en el debate político actual. Con la presión creciente, todas las miradas están puestas en cómo se desarrollará esta situación en las próximas semanas.