Bruselas ha activado el taxímetro. La presión es palpable: o se implementa el impuesto mínimo a las multinacionales, o las consecuencias serán graves. Nos encontramos en uno de los momentos más críticos para el Gobierno, que intenta avanzar en una reforma fiscal que ha generado divisiones profundas entre sus socios. Tanto a la izquierda como a la derecha, el bloque de investidura se ha polarizado. La introducción de impuestos a la banca y a las empresas energéticas ha desgastado la relación entre los aliados, empujando a cada parte a posiciones extremas, lo que ha llevado al Gobierno a un callejón sin salida. Los socios tienen claro: el PSOE “debe mojarse y elegir”. Aunque algunos argumentan que todos deben asumir al menos una derrota, las expectativas son sombrías: “Pinta mal”.

La comisión de Hacienda ha experimentado su segundo aplazamiento en menos de una semana. Las diferencias son marcadas, y el gravamen a la banca y a las energéticas, vigente hasta el 31 de diciembre, se ha convertido en el principal punto de conflicto. Los grupos de izquierda están decididos a luchar por hacer permanente el polémico impuesto. Argumentan que estos sectores han reportado beneficios extraordinarios y es momento de redistribuir la riqueza, especialmente en tiempos difíciles, como los que enfrenta Valencia tras la DANA.

Las fuerzas de izquierdas, incluyendo ERC, EH Bildu, Podemos y Sumar, enfatizan la necesidad de extender estos gravámenes. Algunos creen que sería “difícil de justificar” que un Gobierno de izquierdas dejara caer estos impuestos en medio de grandes beneficios. "Han obtenido más de lo esperado. Se trata de una cantidad significativa”, afirman fuentes de la izquierda independentista.

Obligados a decidir

Aunque reconocen la difícil situación del Gobierno, especialmente del Partido Socialista, argumentan que deben escoger un camino. Desde el inicio, aceptaron que ya no hay espacio para estrategias flexibles como en legislaturas anteriores. En este cuatrienio, la presión se ha intensificado. Desde las filas progresistas de la alianza de investidura, instan al PSOE a tomar una decisión: “No puede ser que una formación política no se moje ni en la ducha”, critican fuentes consultadas.

Estas voces igualmente llaman a la izquierda a ser fiel a sus ideales y a defender los intereses de su electorado, ante el avance de la derecha y la ultraderecha. “Es el momento de actuar antes de que sea demasiado tarde”, advierten.

Mientras tanto, mientras las izquierdas buscan mantener el impuesto y convertirlo en un gravamen estructural, en la derecha nacionalista la postura es diferente. Junts se opone de manera rotunda a la continuidad de estos impuestos, mientras que el PNV muestra mayor flexibilidad, buscando transferir estos impuestos al concierto vasco. Sin embargo, ambos grupos evidencian su rechazo a dejar caer el régimen fiscal especial para las socimis o eliminar la exención del IVA a seguros sanitarios privados y viviendas turísticas.

Voluntad política en tensión

Dentro de la misma coalición, a pesar de las duras posiciones, han surgido propuestas alternativas que permitirían avanzar al menos en algunos puntos del paquete legislativo, como la trasposición del impuesto mínimo a las multinacionales, para evitar posibles sanciones por parte de una Unión Europea que está poniendo en riesgo el quinto pago de los fondos europeos.

El Partido Popular ha ofrecido su apoyo para validar esta trasposición europea, pero esto ha generado recelos en el PSOE, que teme que esto comprometa otras enmiendas. La comisión ha sido aplazada hasta el lunes, y en este rayo de esperanza también está el PNV, que públicamente ha mostrado su disposición a aceptar una solución transitoria.

Sin embargo, los nacionalistas vascos ven difícil un acuerdo favorable, y en ERC reconocen que las negociaciones continúan, aunque “pintan mal”. La fuerza soberanista expresa que serían favorables a convalidar el proyecto de ley, a la vez que abogan por mantener el impuesto y discutir el resto de enmiendas en otro momento. “Es cuestión de voluntad política”, concluyen estas fuentes.

La encrucijada que enfrenta el Gobierno subraya la necesidad de que cada uno de sus miembros actúe conforme a sus convicciones. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿El PSOE tendrá el valor de tomar la decisión que podría marcar su futuro político?