En tiempos donde la democracia debería fortalecerse, observamos con angustia cómo el Gobierno, en un intento por consolidarse, se dispone a alterar las normas que rigen nuestro sistema. Como alertan Levitsky y Ziblatt en su obra sobre la muerte de las democracias, este tipo de cambios son esenciales para aquellos en el poder que buscan afianzarse.

Es especialmente alarmante venir de un Gobierno que se autodenomina progresista. La propuesta presentada por el PSOE parece emular las medidas adoptadas en el pasado por el Partido Popular durante un período de crisis por escándalos de corrupción, lo cual resulta profundamente preocupante. Es fundamental recordar que las reformas legislativas restrictivas rara vez se revierten por completo; quienes llegan al poder tienden a mantenerlas, una lección clara en la historia reciente de nuestro país.

Las asociaciones judiciales y diversos juristas han expresado su rotunda oposición a la reciente iniciativa, señalando que la nueva regulación de la acusación popular vacía su contenido y la priva de su capacidad de actuar. La acusación popular, establecida en nuestra Constitución, era un mecanismo fundamental para contrarrestar abusos y garantizar que el poder no se ejerciera sin controles. Los abogados, ecologistas y organizaciones feministas han hecho eco de la alarma ante esta situación, dado que, por su diseño, la propuesta del PSOE debilita el papel de la sociedad civil en el proceso judicial.

El texto plantea que la acusación popular, aunque mantenga su denominación, perdería efectivamente su esencia y funcionalidad. Sin la capacidad de intervenir durante la instrucción de un caso, se priva a la ciudadanía del poder de actuar contra posibles arbitrariedades cometidas por el estado. Esto, seguramente, abriría la puerta a la impunidad, ya que no se tendría la posibilidad de interrogar o solicitar pruebas que sustenten una denuncia.

Es preocupante que estas iniciativas legislativas surjan en un contexto donde el control sobre los poderes públicos es más necesario que nunca. Los sufragios de la historia nos advierten: cualquier recorte en los derechos ciudadanos puede resultar en un debilitamiento estructural de la democracia. Y, aunque algunos argumenten que estas restricciones son para proteger a ciertas figuras políticas, es evidente que son a expensas del derecho colectivo y el bienestar social.

De hecho, el manejo de estos asuntos no debería ser un juego político en el que unos pocos se beneficien, sino un compromiso con el bienestar y la justicia para todos. La opinión pública y los colaboradores del sistema político deben ejercer vigilancia ante la erosión de la democracia, pues el futuro de la participación ciudadana está en juego. ¿Estamos dispuestos a permitir que se sacrifiquen nuestros derechos por intereses partidarios? La respuesta debería ser un rotundo no.

Ante lo expuesto, es vital que la ciudadanía mantenga un canal de comunicación abierto y crítico, exigente con los actos de sus representantes. Lo que está en juego no solo es nuestra democracia, sino el futuro de nuestros derechos y libertades. ¡Despierta, ciudadano! Tu voz es el bastión ante cualquier medida que amenace la esencia de nuestra sociedad!