El clima político en Andalucía ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras la apertura de una investigación por parte de un juzgado en Sevilla sobre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la cuestionable adjudicación de 243 millones de euros a clínicas privadas. Este escándalo, que expone la presunta falta de transparencia en la gestión pública durante la pandemia, tiene a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, acorralado y con las defensas bajas. Es la primera vez en seis años que se ve forzado a dar explicaciones adecuadas, lo que ha llevado a un acto parlamentario cargado de confrontaciones y acusaciones.

Los grupos de la oposición se lanzaron al ataque después de que un informe delDiario.es revelara la existencia de irregularidades en la otorgación de contratos menores, destacando que se habrían fraccionado más de 458 millones de euros de forma irregular. Esta dura noticia ha llevado a auditores a exigir al SAS la corrección de estas prácticas antes de diciembre, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se emitirá un informe con indicios delictivos.

Moreno, que durante años ha sabido manejar la oposición, enfrentó un clima hostil cuando José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, le confrontó directamente. Las tensiones aumentaron cuando se hizo evidente que, aunque Moreno intentó minimizar el impacto de las acusaciones, no pudo negar la existencia de un posible "fraude de ley" en la contratación pública. García fue contundente en su retórica: "Usted y su gobierno ya están bajo la mirada de los tribunales. ¿La culpa de quién es? ¿De los catalanes? Esto se llama corrupción".

Mientras tanto, el presidente, visiblemente incómodo, intentó defender su gestión, señalando que sus opositores estaban intentando organizar un "show". La portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, también fue incisiva, acusándolo de perpetuar un sistema corrupto a través de contratos adjudicados a dedo, destacando una reciente adjudicación de 120 millones de euros a la sanidad privada en febrero.

En un giro inesperado, Moreno reveló planes de inversión en educación, intentando desviar la atención de las acusaciones. Anunció que a partir del próximo curso, las escuelas infantiles serían gratuitas para los niños de 2 a 3 años, una medida que podría beneficiar a alrededor de 67,686 familias en la región, lo que algunos analistas consideran una estrategia para contrarrestar el impacto negativo de las críticas actuales.

El choque más notable ocurrió entre Moreno y el líder de la oposición, Juan Espadas, quien presentó informes que argumentan que la Junta ha operado fuera de los marcos legales establecidos, llevando a un fraccionamiento improcedente de contratos que favorece a ciertos proveedores. En respuesta, Moreno revivió contratos problemáticos adjudicados durante el gobierno de los socialistas, intentado desviar la atención sobre su propio gobierno. La respuesta de los miembros del PP fue de júbilo, gritando: "¡Vete a los tribunales!", mientras celebraban la estrategia del presidente.

Sin embargo, a pesar de sus intentos por desviar la discusión, la presión sobre Moreno sigue en aumento. La ciudadanía, atenta a la evolución de este escándalo, pide claridad y justicia, mientras los partidos opositores intensifican sus esfuerzos por esclarecer los hechos. Esta situación no solo plantea interrogantes sobre la transparencia en el gobierno de Moreno, sino que también resalta la necesidad de reformas urgentes en la contratación pública en la Junta de Andalucía.