La Inspección de Trabajo ha puesto en marcha alrededor de 80 expedientes sancionadores contra empresas que han descuidado la seguridad de sus empleados en las regiones afectadas por la DANA. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, enfatizó en una reciente rueda de prensa que hay directrices estrictas para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral en estas circunstancias excepcionales.

Pérez Rey declaró: "Nadie debe arriesgar su salud, ya sea por orden empresarial o por decisión propia. Tal comportamiento representa una violación grave de la normativa de prevención de riesgos en nuestro país. La Inspección actuará con la máxima firmeza".

Además, el secretario recordó que se han implementado medidas urgentes, como la concesión de permisos retribuidos y no recuperables para cubrir ausencias. Estos permisos son aplicables no solo en casos de dificultades para llegar al trabajo, sino también para atender a personas a cargo, realizar trabajos en el hogar o debido a la desaparición o fallecimiento de familiares, todo esto mientras se mantenga la situación crítica.

En relación con los salvoconductos emitidos por la Generalitat Valenciana, utilizados por empleados de supermercados para trabajar durante la alerta máxima, Pérez Rey fue claro: "La normativa de prevención es competencia exclusiva del Estado".

"No hay salvoconducto que justifique poner en riesgo la vida de los trabajadores. Estas empresas, independientemente de contar con salvoconductos, serán objeto de investigación por la Inspección si obligan a sus empleados a presentarse en condiciones inseguras que comprometan su integridad", afirmó.

El secretario insistió en que "un salvoconducto o una normativa administrativa menor no puede destruir el derecho a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de este país. Se requiere un poco de coherencia y sentido común".

Además, Pérez Rey anticipó que viajará el próximo lunes, acompañado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los municipios valencianos más afectados por la DANA. Su objetivo es iniciar el plan de servicios públicos de empleo respaldado con 50 millones de euros, que se utilizará para la contratación de personas desempleadas que participen en los esfuerzos de reconstrucción.

En medio de este contexto crítico, la preocupación por la seguridad laboral se intensifica, y muchos trabajadores están en la espera de que se tomen las medidas adecuadas para proteger sus vidas y derechos laborales. Con estos 80 expedientes, la Inspección de Trabajo envía un claro mensaje a las empresas: la seguridad de los empleados no es negociable.