La controversia en torno a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de permitir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor con el FC Barcelona ha levantado una ola de indignación en el fútbol español. Esta medida, considerada un salvavidas para el club catalán, ha sido recibida con descontento tanto por los equipos de Primera como de Segunda División, quienes sienten que están ante un trato de favor insostenible.

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, calificó la situación como "desesperante", refiriéndose a la decisión como una "medida provisional tomada por un órgano político". Otros clubes también han alzado la voz, como Jorge Santiago, portavoz del Valladolid, quien enfatizó que "las normas no son para todos", denunciando un "agravio comparativo gravísimo".

El comunicado de Las Palmas fue especialmente contundente, acusando al CSD de poner en riesgo la integridad de la competición y alegando que esta decisión genera una sensación de arbitrariedad que atenta contra los principios de transparencia y equidad. Es importante mencionar que, a pesar de las reacciones públicas, muchos dirigentes expresan su preocupación de manera privada, lo que refuerza la idea de que la indignación es generalizada.

Desde que se conoció la anulación de la decisión de LaLiga y la propia Federación Española de Fútbol (RFEF), el teléfono de muchos en la RFEF no ha dejado de sonar, con hasta cinco clubes comunicándose para expresar su alarma sobre la situación. La gran incógnita que se plantea ahora es: "¿Qué sucederá a partir de este momento?". Ante esta interrogante, los clubes se preparan para llevar el asunto a una reunión con LaLiga, donde se discutirá no solo el caso Olmo, sino también las reglas económicas y la intervención del CSD.

Un directivo consultado expresó que esto representa "un ataque al control económico" que se ha establecido para garantizar la sostenibilidad de la competición. Se prevé una reunión en las próximas semanas donde los clubes podrían presentar un "frente común" ante esta situación que consideran como un ejemplo peligroso.

Mientras tanto, desde LaLiga ha surgido un malestar debido a la intervención gubernamental. No obstante, defienden que las reglas del control económico no están en riesgo y que la amplia mayoría de los clubes continúan apoyando su aplicación. Aún así, lo que realmente preocupa a muchos equipos no son tanto las normas en sí, sino el hecho de que el Barcelona no las haya cumplido y, además, haya recibido una resolución del Gobierno que le otorga una ventaja inaceptable.

Jorge Santiago subrayó un punto crítico: "La política no debería intervenir en un ámbito que es tanto deportivo como empresarial. Desde 1991, las entidades deportivas son sociedades anónimas y deben regirse por las reglas acordadas en LaLiga". Este drama podría tener repercusiones significativas no solo para el fútbol español, sino también para la integridad de las ligas en toda Europa.