La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación en colaboración con las autoridades belgas sobre posibles irregularidades financieras por parte de eurodiputados del Partido Popular Europeo. Según ha informado Politico, las pesquisas todavía están en una etapa preliminar y, hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra ninguna persona. El grupo del Parlamento Europeo encabezado por Manfred Weber no ha recibido ninguna solicitud de información sobre este asunto.

En un comunicado, la Fiscalía europea aclara que, en esta fase, la investigación se centra únicamente en los hechos y que no hay sospechosos identificados. "Siempre que podamos proporcionar información sobre nuestras investigaciones, lo haremos de manera proactiva", afirmaron.

La Fiscalía Europea es responsable de investigar actos que amenazan los intereses financieros de la Unión Europea. En el contexto del Parlamento Europeo, el presupuesto de la UE incluye partidas específicas para financiar a grupos políticos. Los eurodiputados reciben no solo un salario y dietas por su participación en actividades parlamentarias, sino también asignaciones para cubrir gastos operativos, que pueden incluir hasta 4,950 euros al mes para alquiler de oficinas y otros costos relacionados con sus funciones.

Además, se ha revelado que cada eurodiputado recibe una cantidad mensual significativa (29,557 euros) para contratar a sus asistentes, lo que ha generado preocupaciones sobre la gestión de estos fondos.

En este contexto de irregularidades, hace poco la Eurocámara exigió una restitución de 300,000 euros al exlíder del partido de ultraderecha francés, Jean-Marie Le Pen, quien usó fondos parlamentarios para gastos no relacionados con su función, incluyendo la compra de corbatas y hasta 129 botellas de vino entre 2009 y 2018. La justicia francesa también ha montado una investigación contra el fenómeno de "empleos ficticios" que ha sido un sistema habitual en el uso de los fondos destinados a asistentes, donde empleados del partido se pagaban utilizando fondos destinados a ellos.

El escándalo ha causado un gran revuelo en Europa, poniendo en riesgo la reputación de diversas figuras públicas y organizaciones. Se estima que el daño global por estas prácticas podría ascender a millones de euros, poniendo en duda la transparencia y la buena gestión dentro de las instituciones europeas. Con este panorama, se plantean preguntas críticas sobre la rendición de cuentas y la supervisión de los gastos públicos, especialmente en un momento en que la confianza en las instituciones es crucial para la estabilidad de la UE.