El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha marcado un hito en la gestión de emergencias en España al implementar el sistema Es-Alert. Esta innovadora herramienta se utiliza para enviar alertas masivas a los teléfonos móviles de la población conectada a las antenas de telefonía en áreas específicas. La primera alerta se activó el 3 de septiembre de 2023, ante la amenaza de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó gravemente a varias localidades del suroeste de Madrid, tales como Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero, dejando varios fallecidos y muchos damnificados.

Las críticas a Ayuso no tardaron en llegar, especialmente desde sectores de la derecha, que la acusaron de alarmista. Este descontento llegó incluso desde su propio partido; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, hizo un llamado a la reflexión, sugiriendo que cuando un organismo público emite una alerta de “peligro extremo”, debe estar totalmente seguro de sus afirmaciones, ya que las consecuencias pueden ser serias tanto a nivel social como económico.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, opinó que las críticas de Moreno estaban dirigidas más hacia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había previsto lluvias torrenciales en la capital que no se materializaron. Almeida sostiene que tomar la decisión de alertar era ineludible, dada la información proporcionada por la Aemet.

Por otro lado, el partido Vox sugirió que solo aquellas personas que lo desearan deberían recibir estas alertas. La respuesta de Ayuso fue contundente: la alerta también podría beneficiar a visitantes o a personas que no dominan el idioma español, y destacó la importancia de la alerta al servir como un recurso valioso en situaciones críticas, como en la desaparición de menores.

El Ministerio de Ribera sancionó posteriormente a Ayuso.

La gestión de Ayuso durante la DANA no se limitó a las alertas. En un tiempo récord de diez meses, el Gobierno madrileño logró reconstruir tres puentes que la riada había destruido, conectando nuevamente Aldea del Fresno con Villa del Prado, Chapinería y Villamanta, con una inversión total de 60 millones de euros. Adicionalmente, se levantó un puente provisional con la colaboración del Ejército, el cual fue inspeccionado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en febrero.

Estos esfuerzos se coordinaron en reuniones con la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde se decidió actuar sin esperar una aprobación formal, dada la urgencia de la situación. Sin embargo, en octubre, el Gobierno madrileño se sorprendió al recibir una sanción de la Confederación por la ocupación de cauces durante las obras de los puentes. El portavoz de la presidencia, Miguel Ángel Martín, criticó que esta decisión llegase en un momento en que el Gobierno central no había cumplido con su obligación de aportar el 50% del costo de las obras.

Para agravar la situación, se destacó que muchos de los daños causados por la DANA se debieron a la falta de mantenimiento de los cauces de los ríos, una responsabilidad que recae en la Confederación Hidrográfica del Tajo. Martín lamentó que ahora, quienes deberían haber realizado el mantenimiento emergieran pidiendo responsabilidad a Madrid por la ocupación de los ríos, cuando tenían un deber de limpieza que no fue atendido.