La Audiencia Provincial de Madrid ha devolvido la querella de Vox contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al juez Juan Carlos Peinado, quien ya estaba investigando a Gómez por varios delitos, incluyendo el presunto tráfico de influencias. La controversia gira en torno a un software desarrollado en la Universidad Complutense, donde Gómez tenía un papel de codirectora.

Este movimiento es significativo ya que anula una decisión anterior del Juzgado de Instrucción Número 34, que había desestimado la querella de Vox en septiembre, al considerar que no se presentaban "caracteres de delito". Esto sugiere que la cúpula judicial está dispuesta a revisar los alegatos en contra de Gómez, a pesar de su estatus político y social.

Actualmente, Gómez enfrenta múltiples investigaciones por posibles delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, relacionadas con el polémico software de la Complutense. En su declaración del 18 de diciembre, Gómez defendió su inocencia, afirmando que nunca se apropió del software y subrayando que su intención en la universidad no fue lucrativa.

La querella presentada por Vox acusa a Gómez de haber utilizado su conexión con el presidente del Gobierno y su posición en la UCM para desarrollar un programa destinado a empresas, utilizando recursos públicos. Vox sostiene que, tras el rechazo de empresas como Telefónica, Google e Indra a continuar dicho proyecto, Gómez presuntamente empleó un canal de contratación de la UCM para obtener financiamiento adicional para el desarrollo del software.

Este caso ha captado la atención mediática y política, generando debates sobre la ética en el uso de recursos públicos y el favoritismo que podría derivarse de su relación con el presidente. ¿Qué implicaciones tendrá este nuevo desarrollo para el futuro político de Pedro Sánchez y su administración? La respuesta podría tener repercusiones significativas en los próximos meses.