Koldo García ha comparecido este martes en el Tribunal Supremo, donde ha negado enérgicamente todas las acusaciones que se le imputan en relación con una supuesta red de corrupción vinculada al Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, que tuvo lugar entre 2018 y 2021. García, exasesor del ministro, se enfrenta a serias acusaciones de recibir comisiones financieras, pero asegura que nunca estuvo involucrado en tales actos.

Las acusaciones provienen del empresario Víctor de Aldama, quien afirma que García recibió sumas de dinero en efectivo a cambio de favorecer la aprobación de contratos a ciertas empresas. Sin embargo, García defendió su inocencia, argumentando que no tenía la autoridad para influir en la contratación de las mencionadas empresas y que nunca tuvo conocimiento de que se pagaran comisiones, ni por parte del entonces ministro ni del PSOE.

García fue arrestado el 20 de febrero, el mismo día en que se destapó el escándalo, el cual él mismo ha denominado. Este martes, decidió declarar ante el juez Leopoldo Puente, quien investiga la causa por delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

La Guardia Civil sitúa a Koldo García en el núcleo de la operación, que se benefició de la venta de mascarillas a ministerios y comunidades autónomas durante la pandemia. Recientemente, el caso ha ido evolucionando con nuevas implicaciones sobre malversación en la adjudicación de obras públicas.

En su declaración de dos horas y media, García negó haber recibido comisiones o tener conocimiento de cualquier irregularidad. Mostró reticencia ante algunas pruebas que le fueron presentadas, como notas manuscritas de Aldama con referencias a obras específicas y adjudicaciones discutibles. Cuando se le interrogó sobre un aparente aumento en su patrimonio, García alega que existe un informe que lo desmiente, aunque no pudo proporcionar detalles concretos en el momento.

La Guardia Civil también ha presentado pruebas de que García estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo, lo que él atribuye a costumbres familiares. Las sospechas giran en torno a dos millones de euros en acciones que pertenecen a su esposa, una cuestión que García se vio obligado a explicar durante el interrogatorio.

El exasesor se distanció de la compra de mascarillas a una empresa relacionada con el escándalo, argumentando que su papel era meramente consultivo y que la responsabilidad recaía en los técnicos del ministerio. A pesar de su relación amistosa con Aldama, insistió en que nunca facilitó el acceso a las instalaciones ministeriales para realizar negocios.

Durante el interrogatorio también se abordó la compra de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz), supuestamente utilizado por el exministro. García reconoció haber gestionado ciertas comunicaciones, pero también se defendió asegurando que su intervención no implicaba irregularidades.

La atención se centró, además, en un piso de alquiler que se encontró relacionado con una mujer vinculada a Ábalos, lo que el magistrado consideró inusual debido al elevado coste del arrendamiento. García justificó la vivienda mencionando que era una amistad y que hubo ayudas para cubrir el alquiler.

Al finalizar su declaración, García decidió no hacer comentarios a la prensa, abandonando el tribunal en silencio tras la sesión. El magistrado le impuso medidas cautelares que le prohíben salir del país y le exigen presentarse cada 15 días en un juzgado, con la posibilidad de hacerlo en Benidorm, donde adquirió propiedades que se sospecha están vinculadas a los ingresos ilegales.

Esta situación ha llevado a la opinión pública a cuestionar la integridad del sistema político y a presionar por una resolución rápida de este caso que involucra a altos funcionarios del estado. La investigación continúa y promete seguir revelando más detalles sobre esta alarmante red de corrupción que podría implicar a otros actores importantes en la esfera política española.