El Gobierno de España ha logrado salir airoso del pleno del Congreso este jueves, donde se discutieron importantes propuestas legislativas. El proyecto de ley de Movilidad Sostenible avanzó sin oposición significativa, pues el Partido Popular (PP) no logró que se aprobara su enmienda a la totalidad. Además, el PP tampoco obtuvo apoyo para obligar al Ejecutivo a presentar un Plan Fiscal Estructural, así como una propuesta de Vox sobre cooperación internacional para gestionar la inmigración, que solo logró el respaldo de su propio grupo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó la oportunidad para criticar al PP, instándolo a "dejar de hacer política en España contra Cataluña" y acusándolo de practicar una política fiscal irresponsable. Montero defendió la financiación singular para Cataluña acordada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), resaltando que dicho acuerdo no hace daño a nadie y ayuda a asegurar una financiación justa para la comunidad.

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT convocaron concentraciones en varias ciudades españolas para demandar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas por semana, en respuesta a la falta de avances en las negociaciones laborales.

En Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page instó a los diputados del PP a apoyar la senda de déficit del Gobierno, alertando que un rechazo podría resultar en la pérdida de 230 millones de euros para educación y sanidad pública en la región.

Durante el debate, Juan Bravo, del PP, criticó que Montero no explicó adecuadamente el acuerdo de financiación con ERC. Mientras tanto, otros partidos, como Vox, tildaron el acuerdo de “conspiración criminal”, al tiempo que desde Sumar se acusó al sistema de financiación de ser "injusto, caótico y antiguo".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defendió que la mejora en la financiación para Cataluña no pone en desventaja a otras comunidades, reiterando que no buscan despojar a nadie de sus derechos. Esta afirmación fue contradicha por el PP, que argumentó que el acuerdo favorece a los independentistas.

La tensión política en el Congreso no solo reveló las fracturas entre partidos, sino que también marcó un momento crucial en la defensa del autogobierno de las comunidades, especialmente en Cataluña. El desacuerdo sobre la financiación singular genera constantes debates sobre la equidad y la solidaridad interterritorial en el país.

Al cierre del debate, Montero reafirmó el compromiso del Gobierno de cumplir con todos los acuerdos alcanzados y animó a la oposición a trabajar en conjunto para mejorar la política fiscal del país, desafiando al PP a presentar alternativas efectivas. "El Gobierno está aquí para dialogar, pero necesitamos voluntad de todas las partes", concluyó.