La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado que 140 familias se han unido a su causa para presentar una querella criminal por homicidio imprudente contra la Administración, que se llevará a cabo a principios de febrero ante la Audiencia Nacional. Joaquín Amills, presidente de la asociación, ha confirmado que el número de familias sigue aumentando cada día, evidenciando la creciente preocupación y apoyo social a esta causa. Este martes, se sumó un nuevo grupo familiar de cuatro hermanos a la querella.

Antes de formalizar la denuncia, SOS Desaparecidos tiene prevista una reunión el 26 de enero con las familias de los fallecidos. Durante este encuentro, se realizará una presentación técnica donde se expondrán todos los datos sobre las omisiones y fallos que llevaron a la tragedia, situaciones que, a pesar de estar estipuladas en los protocolos de actuación, nunca fueron abordadas adecuadamente por las administraciones.

El encuentro se llevará a cabo en un ambiente privado, respetando el duelo y la intimidad de las víctimas, sin presencia de medios de comunicación. Esta estrategia busca mantener el enfoque en el dolor de las familias y no en el espectáculo mediático.

Responsabilidad de la Administración

La intención de SOS Desaparecidos es inicialmente acusar a los tres niveles de Gobierno que han estado involucrados: los ayuntamientos, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. No obstante, Amills ha indicado que no se descartará incluir a otros organismos que pudieron haber eludido sus responsabilidades, como la Diputación de Valencia.

Es importante recordar que la Diputación es responsable del manejo del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo personal, a través de UGT, ya ha denunciado públicamente la falta de personal y recursos durante la reciente riada. En una rueda de prensa, se destacó que existen 125 plazas vacantes, representando el 16% de la plantilla, junto con una alarmante carencia de equipo adecuado como botas de agua y vehículos en condiciones operativas.

Si los plazos se mantienen, la querella criminal se presentará como un primer paso para esclarecer las responsabilidades en esta tragedia. Amills agregó que la asociación exigirá la recuperación de cualquier dato que haya sido borrado de las páginas web de los organismos públicos relacionados. Este es un momento crucial no solo para las familias afectadas, sino también para la política de gestión de crisis en el país.

El aumento del número de familias adheridas resalta la necesidad de una respuesta efectiva y responsable por parte de las autoridades, así como una reflexión sobre la gestión de emergencias en situaciones críticas.