La impactante decisión del juez John D. Bates

En un giro inesperado de los acontecimientos, el juez John D. Bates del Tribunal de Distrito de Columbia ha emitido una sentencia contundente contra España. Este fallo reconoce y ordena la ejecución en Estados Unidos de un laudo de más de 35 millones de euros, resultado de la cuestionada retirada retroactiva de las primas para las energías renovables.

El poder de la justicia estadounidense

Bates no se ha andado con rodeos al desestimar los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar el cumplimiento de estas condenas. En un razonamiento firme, el magistrado sostiene que España no puede reabrir en un tribunal federal lo que ya fue perdido ante el CIADI, cerrando así las puertas a cualquier intento de dilación del Ejecutivo socialista.

Sin escapatorias: la verdad jurídica es implacable

"Un juez estadounidense no puede revisar la jurisdicción del CIADI ni los fundamentos del laudo, su única tarea es reconocerlo y ejecutarlo", afirma Bates, lo que pone a España en una posición muy delicada. El magistrado destaca que separar las obligaciones económicas de los razonamientos que sustentan el laudo carece de sentido y reafirma que ningún país puede ignorar un tratado vinculante.

¿Cuáles son las consecuencias para España?

Con esta decisión, se abre la posibilidad de embargar activos comerciales del Estado español en territorio estadounidense para saldar la deuda. España, que ya cuenta con una serie de derrotas ante tribunales internacionales por sus recortes a las renovables, podría enfrentarse a embargos por una suma total de 360 millones de euros en bienes.

Una cadena de derrotas internacionales

A la situación en Estados Unidos se suma una reciente sentencia en Australia, donde las autoridades dictaminaron que otros cuatro laudos a favor de inversores deben ser reconocidos, acumulando unos 469 millones de euros y con potencial de llegar a 500 millones con intereses.

La preocupación se extiende al ámbito internacional

El futuro se ve sombrío para España, que no solo enfrenta embargos en Estados Unidos, sino que también ve amenazados sus activos en el Reino Unido, donde se podrían declarar en default bonos soberanos valorados en 1.000 millones. Esta es una situación crítica que pone a España contra las cuerdas.