Madrid se encuentra sumida en la controversia tras la decisión del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quien ha iniciado diligencias para examinar una denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Esta denuncia, que ha ido creciendo en las últimas semanas, afirma que las protestas contra el equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta no solo constituyen delitos de odio, sino que también incluyen desórdenes públicos, lesiones y atentados a la seguridad vial.

La resolución del juez, notificada este miércoles, indica que se enviará la denuncia a la Fiscalía para evaluar su admisión y delibere sobre qué competencias le corresponden a la Audiencia Nacional en estos casos, un aspecto que ha suscitado dudas entre expertos jurídicos.

La ACOM ha exigido la cancelación de La Vuelta, argumentando que las protestas violentas llevadas a cabo durante las distintas etapas son resultado de "una campaña coordinada de odio, antisemitismo y discriminación por nacionalidad". Entre los acusados de instigar estas protestas se encuentran organizaciones como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el movimiento BDS y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, quienes han promovido la campaña "Deporte sin Genocidio". ACOM denuncia que estas estructuras han organizado desde caceroladas hasta bloqueos, generando caos y violencia.

El alcance de la denuncia también incluye a figuras políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que según ACOM, estarían apoyando activamente la exclusión del equipo israelí. La organización critica aún más a los organizadores de La Vuelta, acusándolos de "legitimar de facto la presión contra Israel-Premier Tech" mediante mensajes y decisiones que favorecen a los saboteadores, mencionando específicamente al director técnico, Kiko García.

Además, ACOM ha señalado la responsabilidad del Gobierno y de las autoridades, quienes, según la denuncia, deberían haber garantizado la seguridad y el orden durante las etapas de la competición. En el radar de la organización están el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quienes se han pronunciado en favor de la expulsión del equipo, lo que ha aumentado la controversia en torno a este evento deportivo.