Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior han revelado un dato alarmante: los desórdenes públicos representan la mitad de las actuaciones en las que se emplean pistolas eléctricas en España durante los primeros meses de 2025. La Policía Nacional ha superado a la Guardia Civil en el uso de estos dispositivos, realizando 18 intervenciones frente a las 4 de la Guardia Civil en este contexto.

Entre enero y febrero de 2025, se registraron un total de 22 intervenciones con pistolas eléctricas, oficialmente conocidas como ‘inmovilizadores eléctricos’. De ellas, 11 fueron usadas para combatir desórdenes públicos, mientras que 4 se usaron en casos de violencia de género. El resto involucró delitos como atentados a agentes, lesiones, homicidio, así como amenazas y delitos patrimoniales.

Sevilla se presenta como la provincia más afectada, con 3 episodios reportados, seguida por ciudades como Alicante, Cádiz, Baleares y Madrid, todas con 2 intervenciones cada una. Esta tendencia ha llevado a un creciente debate acerca del uso de pistolas eléctricas. Aunque son herramientas de uso exclusivo para las fuerzas de seguridad, la polémica recae sobre su seguridad y las circunstancias en las que se utilizan.

Las pistolas eléctricas, más comúnmente conocidas por su marca Taser, operan lanzando dardos conectados a electrodos que provocan una descarga capaz de incapacitar temporalmente a una persona. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han advertido sobre los riesgos asociados, especialmente en situaciones donde los individuos pueden estar bajo efectos de drogas o enfrentando crisis mentales. Casos como el trágico fallecimiento de un hombre en Badalona tras ser reducido con una Taser en diciembre de 2021 han intensificado estas preocupaciones.

Los defensores de su uso, incluyendo el Sindicato Unificado de Policía (SUP), argumentan que el uso responsable de estas pistolas está garantizado por la grabación automática de todas las intervenciones. Sin embargo, también reconocen que no siempre es necesario hacer uso de ellas, ya que su mera presencia puede actuar como elemento disuasorio.

El Ministerio del Interior ha invertido considerablemente en la adquisición de estas armas. Desde 2019, han adquirido 1.600 dispositivos y planean sumar al menos 3.500 más hasta 2028. La Guardia Civil, por su parte, cuenta con 400 armas y planea adquirir 800 adicionales en los próximos cuatro años. Otros cuerpos policiales, como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, también disponen de estas pistolas.

Con respecto a su regulación, la Policía Nacional implementó un protocolo en 2020 que limita el uso de las pistolas eléctricas solo en situaciones específicas, prohibiéndolas en contextos que puedan poner en riesgo a personas vulnerables. Sin embargo, Amnistía Internacional ha solicitado una estandarización de los protocolos de uso para mejorar la supervisión y control sobre su utilización.

A medida que el debate sobre la efectividad y ética del uso de pistolas eléctricas en España continúa, la presión por una legislación más clara y unificada se intensifica, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los ciudadanos y asegurar que se prioricen métodos menos lesivos.