En un sorprendente giro de los acontecimientos, el subsidio de 20 céntimos por litro a los combustibles, implementado por el Gobierno en 2022 para mitigar el impacto de la inflación, no solo ha beneficiado a los ciudadanos, sino que ha dejado a las gasolineras y petroleras con un jugoso botín.

Según un nuevo estudio realizado por los economistas Juan Luis Jiménez y José Manuel Cazorla-Artiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Jordi Perdiguero de la Universidad de Barcelona, se estima que 857 millones de euros –casi el 20% de los 4.250 millones de euros que costó la medida– fueron directamente a parar a las arcas de estas empresas.

Lo más inquietante es que, aunque el Estado recuperó 216 millones más gracias a un aumento en la recaudación del IVA, la política ha generado un notorio aumento en los precios del diésel, algo que preocupa a muchos conductores y consumidores.

La investigación compara estos resultados con las variaciones de precios en otros países europeos que no adoptaron la misma estrategia durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Este análisis pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de subsidios y cómo éstas pueden provocar efectos contrarios a los deseados.

Mientras que algunos gobiernos parecen haber implementado soluciones más efectivas, en España persisten dudas sobre el verdadero impacto de tales medidas.

La gran pregunta que sigue en el aire es: ¿vale la pena un subsidio que en efecto beneficia más a las gasolineras que al consumidor final? La respuesta sigue siendo un debate candente en la opinión pública.