El mosso que era propietario del coche blanco utilizado por Carles Puigdemont en su escapada el 8 de agosto, después de su intervención en el Arco de Triunfo en Barcelona, ha sido reincorporado a su puesto en el cuerpo policial. Sin embargo, el director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha decidido mantener un expediente sancionador abierto en su contra y trasladarlo a la comisaría del aeropuerto de El Prat. Esta resolución fue confirmada por fuentes del diario Vilaweb.

Un documento fechado el 16 de diciembre, firmado por Trapero, detalla los recursos presentados en el marco de la investigación llevada a cabo por la División de Asuntos Internos. El agente figura como el dueño del vehículo blanco con el que Puigdemont abandonó el lugar. Durante su detención, su defensa argumentó que el coche había sido intercambiado con una amiga, quien lo condujo durante la primera parte de la fuga.

En agosto, tras la detención de tres agentes involucrados y la apertura de una investigación interna, estos fueron suspendidos de empleo y sueldo de manera cautelar mientras el proceso judicial estaba en curso. Las defensas de los mossos solicitaron la anulación de esta suspensión, pero fue rechazada por Asuntos Internos.

Ahora, la dirección de los Mossos ha accedido a la propuesta del agente de sustituir la suspensión por un traslado, considerando que el proceso judicial podría prolongarse durante años. No obstante, el expediente sancionador permanece activo, y Trapero justifica la investigación alegando una "pérdida de confianza" hacia el agente y señalando su conducta como una "traición" a su deber.

Mientras tanto, el caso continúa su desarrollo en los tribunales. El agente compareció a mediados de diciembre ante la jueza, quien lo investiga por un delito de encubrimiento, aunque decidió no declarar. Se encuentra a la espera de un recurso presentado en contra de la negativa de la magistrada para interrogar al ex jefe de la policía catalana, Eduard Sallent, y a otros altos mandos de los Mossos de aquel entonces, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el regreso de Puigdemont y la posterior investidura de Illa como presidente de la Generalitat.

La defensa del agente busca aclarar por qué se hizo un despliegue policial en el que estaban presentes cerca de 600 agentes el día que Puigdemont logró escapar. Se pregunta si la operación tenía como objetivo garantizar la seguridad alrededor del Parlament o si en realidad pretendía capturarlo para evitar que interrumpiera la sesión. Además, han solicitado que la jueza requiera a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Urbana las instrucciones específicas que recibieron los agentes el 8 de agosto.

Este desarrollo en el caso añade otra capa de complejidad a un asunto que ya ha generado un intenso debate en la sociedad catalana y ha puesto en el centro de la controversia a la policía y su papel en la gestión del conflicto político en Cataluña. La pregunta en el aire sigue siendo: ¿ Hubo complicidad dentro de los cuerpos policiales o simplemente una serie de errores de coordinación?