Introducción

El gobierno de Giorgia Meloni ha recibido un nuevo golpe en su intento de trasladar a migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de identificación y repatriación en Albania. En una reciente decisión, los jueces de la sección de inmigración del Tribunal de Roma han decidido remitir el caso de siete migrantes actualmente en centros albaneses al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión llega tras el segundo traslado realizado el pasado viernes, luego de que las nuevas instalaciones abrieran a mediados de octubre, operando de hecho como centros bajo jurisdicción italiana.

Situación actual

Este revés es el segundo para el gobierno, ya que el 18 de octubre se detuvo la retención de un primer grupo de 12 migrantes que llegó a Albania. Todo se complicó cuando se supo que de un grupo inicial de 16 personas, cuatro no podían quedarse, siendo dos de ellas menores y dos más con situaciones vulnerables. Organizaciones no gubernamentales, activistas y abogados habían alertado sobre la falta de garantías para evitar que menores y personas vulnerables fueran trasladadas a esos centros en Albania.

Principio de 'país seguro'

El fallo de los jueces se basa en una sentencia anterior de la Corte de Justicia de la Unión Europea que especifica que un país solo puede ser considerado seguro si en realidad lo es de manera total. Este principio excluye a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés, que son los lugares de origen de muchos de los migrantes trasladados.

Controversia del protocolo Italia-Albania

La noción de 'países seguros' es crucial para la operación del protocolo firmado entre Italia y Albania el año pasado, que indica que solo hombres adultos de países considerados seguros deberían ser enviados a estos centros. Este proceso permitiría una evaluación rápida de las solicitudes de asilo, reduciendo el tiempo de respuesta a 28 días y permitiendo solo siete días para apelar en caso de rechazo, pero esto ha generado preocupaciones sobre la falta de consideraciones humanitarias.

Reacción del gobierno italiano

Tras el primer fallo, Meloni intentó evitar futuros problemas legales convocando una reunión del Consejo de Ministros para aprobar un decreto ley que blindara esos centros. Sin embargo, los jueces del Tribunal de Roma han reiterado que la evaluación de un 'país seguro' debe adherirse a las normativas de la Unión Europea, destacando que el derecho comunitario prevalece sobre el nacional. No obstante, el Ministro de Justicia, Carlo Nordio, tachó esta decisión de 'normal' y consideró que la definición de 'país seguro' es más bien una cuestión política que debe estar dentro de los parámetros del derecho internacional.

Tensión política y futuro de la migración en Europa

La controversia continúa, y figuras como el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, han calificado estas decisiones como 'sentencias políticas', lo que refleja la tensión entre los poderes judicial y ejecutivo en el manejo de la crisis migratoria. ¿Hasta dónde llegará la confrontación sobre este tema? ¡La lucha por el control del destino migratorio de Europa apenas comienza!