El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha revelado que tuvo una conversación a través de WhatsApp con Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, quien, según Sánchez, respondió "sin ninguna dificultad". Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez se abstuvo de abordar cualquier responsabilidad política relacionada con la gestión de la DANA (Depresión Atmosférica Aislada), insistiendo en que "El Gobierno está a lo que hay que estar" y centrando su atención en la reconstrucción y relanzamiento de la economía en la Comunitat Valenciana.

A pesar de las crecientes críticas, Sánchez aseguró que "posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar" en cuanto a la gestión de la crisis. Las voces de protesta han aumentado, y se han convocado movilizaciones masivas en Valencia, donde los ciudadanos exigen la dimisión de Mazón y piden rendición de cuentas al Gobierno por su manejo de la situación.

Durante la rueda de prensa, Sánchez mostró su apoyo a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, afirmando que "el mundo, España y Europa necesitan más Teresas Riberas y menos negacionistas del cambio climático". Esta declaración se da en un contexto donde el cambio climático ha sido señalado como una posible causa de los fenómenos meteorológicos extremos como la DANA.

Además, Sánchez elogió el trabajo de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, resaltando su "trabajo extraordinario" y reafirmando su papel como representante del Gobierno. Sin embargo, el descontento popular sigue creciendo, y cada vez más voces piden una respuesta más contundente del Gobierno ante la situación de emergencia.

Las manifestaciones del pasado fin de semana, que reunieron a miles de personas en las calles de Valencia, reflejan un profundo malestar en la población, que demanda justicia y responsabilidad en tiempos de crisis. Entre los manifestantes se han escuchado discursos que enfatizan la necesidad de que se tomen medidas concretas para proteger a los ciudadanos y prevenir futuras tragedias. La presión social aumenta, y la pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo podrá el Gobierno evadir la rendición de cuentas?