Yolanda Martínez y Luna Fernández, dos españolas que fueron repatriadas de Siria hace casi dos años tras haberse casado con yihadistas, enfrentarán una dura acusación por parte de la Fiscalía: se les pide una condena de seis años de prisión por su integración en una organización terrorista. Esto se debe a que, según el fiscal, ambas se desplazaron de forma 'voluntaria' a las zonas controladas por el DAESH, asumiendo así el mismo destino que sus esposos.

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, y ahora se espera que se fije una fecha para el juicio. Mientras tanto, este lunes se celebrará una vista en la Audiencia Nacional donde se decidirá si se les prorroga otros dos años de prisión provisional, hasta alcanzar el límite máximo de cuatro años en prisión preventiva. Ambas se encuentran detenidas desde el 10 de enero de 2023.

Según el fiscal, las acusadas siempre manifestaron su intención de ser parte del DAESH, y solo la 'completa pérdida de control territorial' en Siria e Irak y las precarias condiciones en el campo de Al Hawl, donde residían junto a sus hijos, motivaron su deseo de regresar a España.

El fiscal destaca en su informe que antes de su traslado a Siria, Yolanda y Luna ya participaban en actividades en España en apoyo a organizaciones yihadistas. La primera, en particular, tenía una ideología afín a la de su esposo y fue vista como 'un elemento activo' entre las mujeres que apoyaban a los integrantes de la Brigada Al Andalus. Se mencionó una carta de despedida que escribió antes de viajar a Siria, registrada en manos de un miembro de dicha brigada.

Esta célula, que operaba en Madrid cerca de la mezquita de la M-30, estaba liderada por Lahcen Ikassrien, un marroquí que previamente había estado encarcelado en Guantánamo y que se dedicaba a reclutar yihadistas para enviarlos a conflictos como el de Siria e Irak. Los esposos de ambas, uno de los cuales ya ha fallecido, también estaban bajo investigación por sus vínculos con este grupo.

Respecto a Luna, la Fiscalía señala que tuvo un rol 'clave' y de 'liderazgo' dentro del grupo de mujeres que apoyaban a los combatientes de la Brigada. Ellas viajaron a Siria con la plena intención de contribuir con toda su capacidad a las actividades del DAESH.

Durante su estadía allí, el fiscal afirma que ambas siguieron 'todas las pautas de conducta esperadas' del modelo femenino dentro del Estado Islámico, donde una de ellas apoyó las actividades de su esposo, quien formaba parte de un tribunal yihadista, y la otra se dedicó a respaldar a su esposo, quien era combatiente del DAESH.

Además, en términos de maternidad, la Fiscalía revela que ambas tenían a su cargo trece menores, quienes fueron repatriados junto a ellas y ahora están bajo la custodia de la Comunidad de Madrid. Un informe pericial indica que desde una edad temprana, estos niños crecieron en un entorno ideológico extremista, donde no asistieron a ninguna escuela ni centro educativo formal. En su lugar, eran sus propias madres quienes les enseñaban, inculcándoles su interpretación de la práctica islámica.

La situación de estas dos mujeres plantea cuestiones profundas sobre el retorno de combatientes y sus familias a Europa, así como el impacto en los niños criados en estos entornos radicalizados. ¿Cómo se manejará su reintegración a la sociedad? ¿Qué medidas se tomarán para prevenir la radicalización de futuras generaciones?