El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha realizado una movida sorprendentemente polémica al solicitar medidas preventivas de prisión contra altos funcionarios del gobierno argentino, incluyendo al presidente Javier Milei, su secretaria general Karina Elizabeth Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Este drástico paso fue anunciado en un comunicado que detalla una serie de graves acusaciones: robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil. La noticia fue divulgada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha estado bajo la mira internacional debido a sus comentarios sobre la situación política en Sudamérica.

El conflicto tiene sus raíces en un incidente que involucra a un avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, inmovilizado en Argentina desde junio de 2022 con 19 tripulantes de nacionalidades venezolanas e iraníes. Estos fueron detenidos inicialmente debido a sospechas de vínculos con terrorismo, lo que atrajo la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclamó la aeronave bajo sospecha de que se utilizaba para operaciones encubiertas en la región.

Desde Buenos Aires, el gobierno argentino se ha desvinculado de las acusaciones, alegando que la decisión sobre el avión fue tomada por un poder judicial “independiente”. En un pronunciamiento firme, han recordado a Caracas que en Argentina se respetan la separación de poderes y la independencia de los jueces, contrastando con la situación “lamentablemente” prevalente en Venezuela.

Como parte del proceso judicial en curso, el Ministerio Público venezolano ha asignado a dos fiscales especializados para investigar a fondo el caso, con miras a esclarecer las acusaciones en un contexto de creciente tensión bilateral.

La solicitud que origina esta investigación fue presentada el 18 de septiembre de 2024, y tiene como objetivo indagar sobre los supuestos delitos involucrados. Este escenario añade un componente de tensión política y diplomática, ya que los cargos incluyen graves acusaciones como la interferencia ilícita en la seguridad aérea y la inutilización de aeronaves.

Saab ha ido más allá al designar un fiscal especializado en protección de derechos humanos para investigar las acciones contra el pueblo argentino por parte de Milei y Bullrich. En un tono alarmante, Saab declaró que el presidente argentino representa “un peligro brutal para todo el hemisferio” y sugiere la posibilidad de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, en respuesta a los supuestos ataques contra manifestantes, tanto jóvenes como ancianos.

Frente a estas serias acusaciones, el Gobierno argentino ha respondido con desprecio, manifestando que no se deja influenciar por “las pavadas” del “Ejecutivo dictatorial” de Venezuela. “Es toda una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión sobre el avión es judicial y no del presidente”, afirmó Manuel Adorni, portavoz presidencial, en una rueda de prensa.

En un giro más, este mes, la Cancillería argentina ha instado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros líderes del régimen, como respuesta al agravamiento de la situación política tras las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio. Esta escalada de tensiones sugiere que las relaciones entre Argentina y Venezuela están más frágiles que nunca, y muchos se preguntan hasta dónde llegará esta controversia política.