La Audiencia Nacional ha tomado una decisión controvertida al archivar la causa contra Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, quien fue jefa de la banda terrorista ETA, en relación con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Vizcaya) en julio de 1997. Los magistrados consideran que el delito ha prescrito, ya que pasaron casi 25 años desde que se cometió el crimen hasta que se interpuso la querella, lo que excede el plazo de prescripción de 20 años establecido legalmente.

La defensa de Iparraguirre argumentó que el tiempo transcurrido hacía que los cargos en su contra no fueran válidos, y la Fiscalía se adhirió a este argumento, lo que llevó a la Audiencia Nacional a archivar el caso. Sin embargo, las acusaciones populares, que incluyen al PP y diversas asociaciones de víctimas del terrorismo, sostienen que el hecho no estaba prescrito porque se aprobó la Ley Orgánica 5/2010, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

Este fallo ha suscitado una ola de indignación y debate en la sociedad española, con voces que claman por justicia y un castigo real para aquellos que han causado tanto dolor. Y es que, aunque la causa ha sido archivada por la Audiencia, este es solo el primer recurso resuelto en relación con el procesamiento de la cúpula de ETA por el asesinato de Blanco.

En marzo, se conoció que el juez Manuel García Castellón ya había procesado a otros exmiembros destacados de ETA, incluyendo a Iparraguirre, por su implicación en este crimen atroz, describiendo sus acciones como secuestros y asesinatos con agravantes por la premeditación y el dominio que ejercían dentro de la organización terrorista.

El archivar este caso pone de manifiesto la compleja relación entre la justicia y la memoria histórica en España. A medida que la sociedad avanza en su proceso de reconciliación, las decisiones legales como esta generan tensiones sobre cómo se debe tratar el pasado reciente del terrorismo en el país.

Los magistrados han subrayado la importancia de mantener el principio de legalidad y evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, así como las consecuencias funestas que la modificación de los plazos de prescripción podría acarrear, recordando situaciones similares que fueron revertidas por instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por lo tanto, esta controversia no solo afecta a la figura de Iparraguirre, sino que reabre el debate sobre la justicia en casos de terrorismo, la memoria de las víctimas y la obligación del Estado español de asegurar que se haga justicia sin violar derechos fundamentales. ¿Se está haciendo realmente justicia en España? ¡La respuesta podría sorprenderte!