La Abogacía del Estado ha presentado una petición al Tribunal Constitucional para que se excluya al magistrado conservador José María Macías de todas las deliberaciones relacionadas con la ley de amnistía. Esta decisión surge tras las declaraciones públicas de Macías en oposición a la ley durante el último año, según reveló un documento que fue adelantado por la Cadena Ser y al que elDiario.es ha tenido acceso. Este mismo documento argumenta que Macías no es imparcial y, por lo tanto, no debería participar en estos procesos críticos.

La razón central de esta recusación se basa en un informe que Macías firmó en marzo de 2024, en su calidad de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que declaró la ley de olvido penal del procés como inconstitucional. Para la Abogacía del Estado, las 'conclusiones' de este informe demuestran que su visión del conflicto era sesgada, ya que fungía como un cargo público y había desarrollado un 'criterio' junto a otros vocales que formaron parte del gobierno judiciario que podría perjudicar la imparcialidad necesaria para la decisión sobre la amnistía.

Esta es la primera vez que se presenta una recusación contra Macías en relación con los recursos sobre la amnistía, que se centra particularmente en la cuestión de inconstitucionalidad que fue planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo que es más, sus argumentos pueden aplicarse a todas las 20 impugnaciones que se han presentado contra dicha norma, incluyendo la realizada por el propio Partido Popular, entidad cuya propuesta está siendo liderada por Macías.

Durante su tiempo en el CGPJ, Macías lideró un grupo de vocales que se opusieron vehementemente a la ley de amnistía, llevando incluso a la elaboración de un informe contrario a dicha propuesta, aunque este no había sido solicitado inicialmente. Esta controvertida postura ha generado tensiones y debates intensos en el ámbito político y judicial. La situación se complica aún más por el contexto en el que se desarrolla, donde la división entre los diferentes partidos políticos se vuelve cada vez más palpable, y donde la amnistía sigue siendo un tema ardientemente discutido.

En un clima de creciente polarización, la decisión sobre la imparcialidad de los jueces y su capacidad para juzgar sin sesgos políticos es crucial no solo para la justicia de este caso particular, sino para la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial en su conjunto. Las consecuencias de esta acción legal podrían tener repercusiones significativas en la dirección futura de las leyes y políticas de amnistía en España.