La Knésset, el Parlamento israelí, ha tomado una decisión sin precedentes al aprobar dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) dentro de Israel y su coordinación con las autoridades israelíes. Esta medida impactará directamente en la asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, donde la UNRWA es crucial para más de dos millones de personas que dependen de su apoyo.

La ley que prohíbe a la UNRWA operar dentro de Israel fue respaldada por 92 parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, mientras que solo 10 se opusieron. Esta ley entrará en vigor en un plazo de 90 días y afectará a todas las operaciones en los territorios palestinos ocupados, bloqueando la obtención de visados para empleados internacionales y permisos de trabajo para el personal local, además de limitar el acceso a sus oficinas, incluida su sede en Jerusalén Este.

Israel ha justificado esta legislación acusando a la UNRWA de tener vínculos con Hamas y de que algunos de sus empleados habrían estado involucrados en los trágicos atentados del 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1.200 muertos y 251 secuestrados. Sin embargo, una investigación independiente de la ONU concluyó que Israel no presentó pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha manifestado en un comunicado que el gobierno colaborará con socios internacionales para asegurar la ayuda humanitaria en Gaza sin comprometer la seguridad israelí. Sin embargo, la segunda ley, que prohíbe a funcionarios israelíes establecer contacto con la UNRWA, complica la coordinación de los convoyes humanitarios y aumenta el riesgo de incidentes, ya que los centros de la UNRWA han sido atacados en Gaza, resultando en la muerte de más de 230 empleados desde el 7 de octubre.

Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, ha denunciado que esta legislación sienta un "precedente peligroso" que va en contra de la Carta de la ONU, y teme que esta situación profundice el sufrimiento de los palestinos en Gaza, donde la crisis humanitaria ya es crítica. Lazzarini insistió en la necesidad de apoyar la UNRWA, que proporciona servicios esenciales como educación y atención médica a millones de refugiados palestinos.

La reacción internacional ha sido contundente, con gobiernos de España, Eslovenia, Irlanda y Noruega criticando la legislación y advirtiendo que pone en peligro la labor de la ONU. La UNRWA, establecida en 1949, tiene como mandato ofrecer asistencia a los refugiados palestinos hasta que se logre una solución justa y duradera a su situación.

Además, la crisis de los refugiados palestinos es alarmante, ya que alrededor de seis millones de palestinos se encuentran desplazados, no solo en los territorios palestinos ocupados, sino también en países vecinos como Líbano, Siria y Jordania. La UNRWA gestiona 58 campos de refugiados y es vital para la supervivencia de millones de personas en la región.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también ha condenado esta aprobación, argumentando que contradice el derecho internacional y solo empeorará la crisis humanitaria actual. Los ministros de Exteriores de varios países, incluyendo Canadá y Alemania, han expresado su preocupación, señalando que la UNRWA es fundamental para asegurar la asistencia necesaria a millones de refugiados palestinos, especialmente en Gaza, donde las condiciones son cada vez más desesperadas.

Este último movimiento de Israel se suma a una serie de tensiones con la ONU, que han incrementado desde el inicio del conflicto en Gaza, y plantea serios desafíos para el futuro de la asistencia humanitaria en la región.