En un giro decisivo de su estrategia política, el Gobierno ha dado un gran paso legislativo justo antes de las festividades navideñas. En el último Consejo de Ministros del año, celebrado este lunes, se aprobó por decreto un nuevo impuesto energético que promete transformar el panorama fiscal español. Este nuevo gravamen incluye importantes bonificaciones destinadas a fomentar las inversiones en energías verdes, una concesión dirigida a calmar a los socios más reticentes del gobierno, particularmente aquellos del bloque de izquierda.

El presidente Pedro Sánchez, en un balance de la actual legislatura, destacó que se ha establecido un 'gravamen temporal energético' que se aplicará durante el año 2025. ''La principal novedad es la introducción de incentivos fiscales que beneficiarán a las inversiones cruciales para la transición ecológica y la descarbonización'', afirmó Sánchez. Sin embargo, la aprobación final de este impuesto aún enfrenta desafíos en las Cortes, dado que algunas fuerzas políticas siguen en desacuerdo.

Los partidos opositores, como Junts y PNV, han manifestado su rechazo al nuevo impuesto, apoyando incluso una enmienda del PP que buscaba derogarlo. Por otro lado, los aliados del ala izquierda, como Podemos y ERC, han presionado para mantener el impuesto, logrando que el gobierno se comprometa a su implementación, asegurando así que comenzará a regir en 2025. Este decreto incluye deducciones que favorecen la descarbonización y la transición energética.

Es importante mencionar que la cuestión del diésel ha sido un tema candente en la agenda política. Aunque la supresión de la bonificación fiscal del diésel estaba en discusión para abordar la equiparación entre el gasóleo y la gasolina —lo que podría traer unos 1.500 millones de euros adicionales a las arcas públicas—, finalmente se decidió posponer esta medida, generando descontento entre los aliados del Ejecutivo, que han advertido sobre las implicaciones de esta decisión.

El gobierno también ha decidido extender hasta 2025 la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, y ha mantenido las bonificaciones para la rehabilitación energética de viviendas. Además, se han actualizado las disposiciones relacionadas con la presentación de la declaración de la renta, aliviando las cargas fiscales para aquellos con múltiples pagadores.

En el ámbito de la política social, se ha aprobado una revalorización del 2,8% en las pensiones, alineada con la inflación, que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2025. Las pensiones mínimas experimentarán aumentos aún mayores, y se ha incorporado la prórroga de descuentos en el transporte público para el primer semestre de 2025, beneficiando a millones de usuarios. Las reducciones en transporte público serán del 50%, permitiendo que esta medida continúe en vigor, aliviando así gastos importantes para muchos ciudadanos en un contexto económico cada vez más complejo.

El futuro fiscal de España se perfila como un espacio de polémica y negociaciones continuas, donde cada anuncio del Gobierno conlleva potenciales repercusiones en la economía doméstica y la dinámica política del país. Permanecer atentos a estos cambios será clave para entender la dirección que tomará el Ejecutivo en el próximo año.