El caso de Daniel Arcuri Rivas, el hijo menor de Juana Rivas, ha dado un giro inesperado tras una intensa batalla legal. Este martes, el Juzgado de Guardia de Granada emitió un auto “in extremis”, que suspende temporalmente la entrega del menor a su padre en Italia, priorizando su protección.

La situación se tornó crítica cuando, durante sus vacaciones navideñas en España, Daniel manifestó que su padre lo intimidaba y ejercía violencia sobre él con el fin de manipular su testimonio en procesos judiciales. Estas revelaciones despertaron alarmas sobre su seguridad y bienestar, ya que el niño expresó un profundo miedo a regresar a Italia.

El equipo legal de Juana Rivas no escatimó esfuerzos para encontrar una solución que evitara que Daniel tuviera que volar a Cagliari. Presentaron un detallado escrito al Juzgado de Guardia describiendo el “infierno” que el menor vivía con su padre, donde se mencionaban agresiones físicas y psicológicas, así como amenazas de muerte.

La gravedad de la situación llevó a los abogados a invocar el Convenio Internacional de La Haya, solicitando que se adoptaran medidas cautelares en interés superior del menor, que podría quedarse con su madre y hermano en España, o, si fuese necesario, ser colocado en un centro de protección. La presión sobre el sistema judicial fue intensa, ya que el Juzgado de Primera Instancia n° 10 se inhibió del caso, y la asesora de violencia de género, Susana Vega Torres, rápidamente se unió al llamado de protección del menor.

En un panorama aún más inquietante, la Fiscalía Provincial de Granada recibió informes sobre la opresiva situación que enfrenta Daniel, lo que condujo a abrir una causa penal en Italia contra el padre por maltrato. Las autoridades destacaron la urgencia de intervenir para prevenir un posible daño al niño.

El Ministerio de Juventud e Infancia también presionó para que la situación de Daniel se revise de inmediato, advirtiendo que un regreso a Italia implicaría una violación clara de sus derechos fundamentales, subrayando que el interés superior del menor debe ser la prioridad.

El abogado de Juana, Carlos Aranguez, caracterizó la situación como “inadmisible”, reclamando que, a pesar de la seriedad de las acusaciones, Daniel nunca había sido escuchado en España.

Las tensiones legales continúan, pero este revés judicial representa un faro de esperanza para Daniel y su familia. La lucha por su seguridad parece lejos de terminar, pero el equipo legal de Juana Rivas se mantiene firme y dispuesto a seguir luchando para garantizar un futuro seguro para el menor. ¡El caso sigue desarrollándose y prometerá más sorpresas! Esto pone de manifiesto la importancia de escuchar a los menores en situaciones de riesgo, algo que requiere la atención inmediata de los órganos judiciales.