El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha tomado una decisión trascendental que cambiará el panorama de seguridad en la región. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, anunció que los Mossos de Esquadra podrán asumir el control de puertos y aeropuertos a partir de 2025. Esta noticia surge tras la reciente junta de seguridad del 5 de diciembre, donde se había rechazado inicialmente su incorporación por falta de recursos.

Illa destacó la necesidad de esta medida frente a un alarmante incremento de la delincuencia en Cataluña, que ha alcanzado niveles críticos en los últimos años. Según datos oficiales, la violencia de género ha visto un aumento significativo desde 2021, lo que ha generado una preocupación creciente en la sociedad catalana. Además, los robos con violencia y las estafas cibernéticas han crecido exponencialmente, especialmente en el área metropolitana de Barcelona.

El presidente de Cataluña enfatizó que esta iniciativa busca mejorar la coordinación y cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad, incluyendo la Guardia Civil y la Policía Nacional, que seguirán formando parte del sistema de emergencias 112. "Es esencial que todos los cuerpos trabajen juntos para garantizar la seguridad de los ciudadanos", afirmó Illa.

Entre las propuestas clave también se incluye la mejora de la coordinación con los agentes rurales para combatir delitos ambientales y la incorporación de los Mossos en grupos de ayuda internacional ante catástrofes. Illa subrayó que se necesita aumentar el número de efectivos policiales y recursos materiales para enfrentar esta crisis de seguridad.

En palabras del presidente, "los Mossos son el pilar fundamental para la protección de los ciudadanos en Cataluña y cualquier mejora en su cooperación será bien recibida". Sin embargo, la decisión ha generado críticas y controversia entre diversos sectores políticos, con acusaciones de querer 'españolizar' la seguridad en la región por parte de partidos independentistas.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, recriminó a Illa por su pacto con el gobierno español, insistiendo en que la gestión de emergencias debe ser una competencia exclusiva de la Generalitat, mientras que Marta Vilalta de ERC pidió revertir la incorporación de los cuerpos estatales para evitar la pérdida de autonomía en materia de seguridad.

Por otro lado, el líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, exigió valentía a Illa en cuanto a sus decisiones de seguridad, instándolo a cumplir con sus promesas sin dilaciones. La situación se complica aún más cuando el líder de Vox, Ignacio Garriga, acusa a Illa de rendirse ante el separatismo, lo que intensifica la tensión política en Cataluña.

Con un entorno de inseguridad creciente y una gestión de emergencia que parece estar bajo el fuego cruzado entre diversas fuerzas políticas, el tiempo dirá cómo se traducen estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos catalanes. ¿Logrará el Govern mantener la confianza del público mientras navega por estas aguas turbulentas de la política y la seguridad?