¡Una revolución en la justicia climática! El Tribunal Constitucional de España ha admitido a trámite el primer litigio climático en la historia del país, un hito que podría cambiar el rumbo de la política ambiental. La demanda ha sido presentada por una coalición de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam, que acusan al Estado español de "inacción ante el cambio climático". Este caso llega en un contexto global señalado por la urgencia climática, similar a lo ocurrido en Suiza, donde se condenó a un estado por no proteger a sus ciudadanos frente a esta crisis.

La demanda presentada busca que España cumpla con sus compromisos climáticos internacionales, y los activistas esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre cómo el cambio climático afecta a derechos fundamentales como la vida, la salud y la libertad.

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, destaca la importancia de este caso: "Con la admisión a trámite, el Tribunal Constitucional se pronunciará por primera vez sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos fundamentales de las personas". Este desarrollo es especialmente significativo dado que, en el pasado, solo se admite un 0,76% de los casos que llegan al Constitucional. El año pasado, de 11,415 peticiones, solo 87 fueron tramitadas. Así, este litigio climático histórico ostenta ya un valor simbólico.

El case estaba en limbo judicial desde su presentación en 2020, y a pesar de haber sido desestimado por el Tribunal Supremo en 2023, que reconoció la gravedad de la crisis, no atendió las peticiones de las organizaciones ecologistas. Esto motivó a los demandantes a llevar el caso al Tribunal Constitucional.

Los ecologistas denuncian que las medidas de reducción de emisiones planteadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son insuficientes. Según ellos, España prevé una reducción del 32% respecto a los niveles de 1990, mientras que los científicos insisten en que es necesario alcanzar al menos un 55%. La evaluación de la implementación del Acuerdo de París es crítica, y muchos informes científicos indican que la mayoría de los países están lejos de cumplir sus compromisos.

Además, la demanda argumenta que el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas adecuadas para garantizar la vida y salud de las personas. La situación climática en España es alarmante, con eventos extremos cada vez más frecuentes y una población vulnerable a sus efectos.

Este proceso abre un nuevo capítulo en la lucha contra el cambio climático, y su resolución podría sentar un precedente para futuras demandas similares no solo en España, sino en toda Europa. Los defensores del medio ambiente y la sociedad civil están expectantes, pues los ojos del mundo se posan ahora sobre el Tribunal Constitucional. ¿Podríamos estar a las puertas de una revolución judicial que cambie para siempre nuestra relación con el medio ambiente?