Introducción

El año 2025 ha traído consigo una serie de polémicas decisiones por parte del Gobierno que tienen como fin el bolsillo de los contribuyentes. Una de las medidas más destacadas es la revalorización de las pensiones en un 2,8%, que ya se ha implementado y de la cual se jacta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El costo para los pensionistas

Con más de 9 millones de pensionistas en España, el aumento de las pensiones supondrá un desembolso extra de 7.296,8 millones de euros. Sin embargo, hay una letra pequeña que el Gobierno no explica a fondo: gran parte de esta subida se irá de nuevo a las arcas del Estado mediante IRPF. Según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un jubilado de 66 años con una pensión de 16.320,53 euros verá cómo de los 444,53 euros que pasa a recibir de incremento, 191,15 euros serán desviados a Hacienda. Esto significa que solo le quedará un aumento real de 253,38 euros, casi la mitad de lo prometido. La situación es aún más ventajosa para el Estado en caso de pensiones más altas, donde retiene cerca del 50% de la subida.

El aumento del SMI y su impacto

Pero esto no termina aquí. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha propuesto un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales, lo que elevaría la cifra a 1.184 euros al mes. Aunque a primera vista parece una buena noticia para los trabajadores, el Estado podría llevarse más del 40% de la subida a través del IRPF. En años anteriores, Hacienda ya había tomado decisiones controvertidas al respecto.

Costos adicionales para las empresas

En cuanto a la Seguridad Social, también saldrá beneficiada de esta subida del SMI. Según las estimaciones de Cepyme, el incremento de 50 euros podría representar un costo adicional para las empresas de hasta 80 euros mensuales por cada trabajador. Así, el coste total para una empresa sería de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales por cada empleado que perciba el nuevo SMI, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones sociales como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Conclusión

Esto genera un desfase aún mayor, ya que de los 50 euros adicionales, la diferencia que se lleva el Estado a través de las cotizaciones sociales oscilaría entre 78 y 81 euros, lo cual representa un aumento del 56% al 62% respecto al incremento propuesto por el Gobierno. Este entramado financiero parece ofrecer más beneficios a Hacienda que a quienes realmente tienen derecho a estas mejoras salariales.

A medida que el 2025 avanza, los ciudadanos deben estar atentos a cómo sus aportes a estas subidas de pensiones y salarios mínimos se convierten en ganancias para el Estado. ¿Es posible que este tipo de medidas acabe perjudicando a los sectores que más necesitan ese aumento? Solo el tiempo lo dirá.