En un giro inesperado para la política española, el Tribunal Supremo ha decidido anular completamente la concesión hecha por Pedro Sánchez al PNV, que permitía al País Vasco fijar criterios para homologar títulos universitarios extranjeros. Este traspaso de competencias, que se había materializado en marzo del año pasado bajo el gobierno de Iñigo Urkullu, generó mucha controversia por su posible efecto descompensador en el acceso a profesiones en la región.

La anulación, llevada a cabo por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, llega tras un proceso legal iniciado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, quienes argumentaron que este acuerdo rompia la unidad de criterios a nivel nacional y atentaba contra la igualdad entre comunidades autónomas. "Debe exigirse lo mismo a un médico que desee ejercer en el País Vasco que en cualquier otra comunidad autónoma", afirmaron.

Desde la implementación del traspaso, se estima que al menos 200 expedientes de universitarios extranjeros han quedado en suspenso en el País Vasco. El Ministerio de Universidades, consultado tras el fallo, aclaró que el responsable del traspaso había sido el Ministerio de Política Territorial, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de responsabilidad compartida entre departamentos.

El Partido Popular también se pronunció sobre esta decisión, recordando que las demandas del PNV a Sánchez estaban ligadas a ciertos traspasos necesarios para que el presidente pudiera acceder al poder, incluido el de la homologación de títulos. Óscar Clavell, portavoz de Educación del PP, denunció que el real decreto violaba la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Universitario, señalando a Sánchez como el culpable de dicha irregularidad.

El Alto Tribunal argumentó que la verificación de condiciones para la expedición de títulos es competencia exclusiva del Estado. Esto plantea una reflexión sobre la autonomía regional y la necesidad de coordinar criterios que afecten a la práctica profesional a nivel nacional.

En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo no solo corrige un posible desliz en la política educativa de España, sino que reafirma la importancia de mantener estándares equitativos en el ejercicio profesional en todo el país. La comunidad médica y los profesionales de la educación ven este fallo como una victoria por la igualdad y la justicia a nivel nacional se hace más evidente que nunca.