El Ayuntamiento de Málaga ha decidido tomar medidas drásticas contra el crecimiento descontrolado de pisos turísticos en la ciudad. En un movimiento que ha generado gran controversia, se han aprobado de forma urgente modificaciones al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que prohíben la apertura de nuevos alojamientos turísticos en 43 zonas consideradas saturadas, aquellas donde la oferta supera el 8% del total de viviendas. Esta decisión se produjo en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, un día después de anunciar la medida la concejala de Urbanismo, Carmen Casero.

La modificación del PGOU permitirá que la prohibición cautelar entre en vigor a partir de principios de noviembre, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Fue destacada la apertura de un periodo de enmiendas de cinco días hábiles para los grupos políticos, lo que podría llevar a una aprobación final en el pleno del Ayuntamiento programado para el 31 de octubre.

El objetivo de esta regulación es frenar el impacto negativo del turismo en ciertos barrios, promoviendo el desarrollo de alojamientos turísticos solo en áreas con menor presión. "La idea es mantener un equilibrio entre el turismo y la convivencia local", comentó Casero. Por tanto, únicamente se podrán otorgar nuevas autorizaciones en barrios que no hayan alcanzado su límite máximo de pisos turísticos.

¿Pero qué barrios están afectados por esta medida? Las 43 zonas incluyen el Centro Histórico, La Malagueta, El Palo y muchos más, donde la saturación ha hecho estragos en la calidad de vida de los residentes. Con esto, la administración municipal busca mejorar la situación de los vecinos que llevan tiempo denunciando ruidos y problemas de convivencia asociados al turismo masivo.

Además, según la normativa vigente, el Ayuntamiento podrá aplicar una suspensión provisional de un año que podría prorrogarse, durante el cual se implementará esta normativa sin esperar a que se complete el proceso habitual de aprobación.

Sin embargo, implementar esta medida será un desafío. La Junta tendrá que establecer procedimientos rigurosos para evitar que se inscriban nuevos alquileres vacacionales en las zonas saturadas, teniendo en cuenta que ya se han identificado más de 1.500 casos que no cumplen con la normativa existente.

El proceso no estará exento de oposición. Propietarios de pisos turísticos que vean afectadas sus inversiones podrán presentar alegaciones y recurrir a la vía judicial, creando un panorama incierto sobre el futuro de los alquileres vacacionales en Málaga. La ciudad, que ya cuenta con cerca de 13,000 registros de alojamientos turísticos, se enfrenta a un momento decisivo para equilibrar el turismo y el bienestar de sus residentes.