En medio de la devastadora crisis causada por las inundaciones de la DANA, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado su desacuerdo con la reciente propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de implementar permisos retribuidos para aquellos afectados por la catástrofe natural. Según Garamendi, estas medidas han sido anunciadas sin un diálogo previo con los actores económicos, en un contexto en el que muchas empresas se encuentran al borde de la ruina.

Díaz anunció el viernes que el Consejo de Ministros, programado para el próximo lunes, consideran la aprobación de permisos laborales retribuidos para aquellos que no pueden trabajar debido a problemas de movilidad, necesidad de cuidados, o falta de conectividad. Sin embargo, Garamendi ha respondido: “Es incomprensible que se lancen medidas que no están acordadas, y menos en un momento tan crítico para las empresas que están arrasadas por las inundaciones.”

El líder de los empresarios españoles ha insistido en que durante la pandemia de COVID-19, estas políticas podrían haber tenido sentido, pero en el contexto actual, “no hay empresas” que sostener, como resultado de los daños sufridos. Garamendi ha subrayado la urgencia de trabajar en conjunto, enfatizando: “La gente necesita ayuda real, no titulares vacíos.”

En una declaración cargada de preocupación, Garamendi ha catalogado la situación como un “momento muy, muy delicado” que requiere una respuesta unida y colaborativa de todos los sectores, dirigiéndose a la clase política para que eviten hacer uso político de la tragedia.

La ministra Díaz, por su parte, destacó en TVE que dichos permisos retribuidos alcanzarían el 100% del salario, no tendrían una duración prefijada y abarcarían una variedad de situaciones críticas, desde el cuidado de familiares hasta problemas de vivienda. En caso de fallecimientos, se ha establecido un período de cinco días posteriores al sepelio para que los afectados puedan hacer uso de estos permisos.

Además, se especificó que aquellos días no recuperados no se contabilizarán como ausencias justificadas y cualquier despido en este contexto sería declarado nulo. La ministra enfatizó: “El objetivo es preservar la integridad del salario y las cotizaciones de los trabajadores afectados.”

El Gobierno está preparando un paquete adicional de ayudas que será discutido en el próximo Consejo de Ministros, mientras tanto, la situación sigue generando incertidumbre y necesidades urgentes en la población afectada por las inundaciones.