Isabel Serra, eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha llevado a Bruselas la inquietante muerte de Mahmoud Bakhum, un vendedor ambulante de 43 años que se ahogó en el río Guadalquivir durante una persecución policial en Sevilla. Este trágico suceso ha levantado un clamor de justicia y transparencia, especialmente en la comunidad senegalesa que residía en la ciudad.

La eurodiputada ha hecho público su cuestionamiento a la Comisión Europea a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), formulando una triple serie de interrogantes. En primer lugar, Serra exige saber qué "acciones concretas" está tomando la Comisión para garantizar el respeto por la no discriminación en las actuaciones policiales dentro de los países de la UE. Además, reclama que se establezca una "formación obligatoria" sobre diversidad, derechos humanos y lucha contra la discriminación.

Serra también ha planteado la necesidad urgente de crear un mecanismo europeo que supervise y actúe ante casos de "racismo institucional en las fuerzas de seguridad". Pregunta por las medidas que está considerando la Comisión para garantizar los derechos fundamentales de "colectivos vulnerables, como los vendedores ambulantes en situación de exclusión social", subrayando la importancia del derecho al trabajo.

La situación no es nueva. Existen múltiples informes de organizaciones de derechos humanos y del Defensor del Pueblo que han documentado actos de discriminación y perfilamiento racial en las actuaciones de la policía española. Este incidente trae a la luz estos problemas persistentes dentro de las fuerzas de seguridad, aumentando la urgencia de reformas significativas.

La comunidad senegalesa está particularmente afectada. Desde que se conoció la noticia de la muerte de Bakhum, múltiples concentraciones han exigido claridad en la investigación. Muchos miembros de esta comunidad se muestran escépticos respecto a la versión oficial de los hechos. Abdou, miembro de la Asociación de Senegaleses de Sevilla, cuestionó por qué Bakhum, quien no sabía nadar, habría intentado saltar al río, sugiriendo que el miedo a perder su mercancía puede haber sido una factor determinante.

Este incidente ha reavivado la discusión sobre el trato injusto que enfrentan los vendedores ambulantes, un grupo que, a menudo, es marginado y acosado por las autoridades. Las autoridades deben tomar medidas más efectivas para asegurar la protección de los derechos de estas comunidades vulnerables y poner fin a las prácticas discriminatorias que persisten en el país. ¡La lucha por la justicia está lejos de terminar!