La icónica serie 'Cuéntame cómo pasó', que ha entretenido a millones durante más de 20 años, llegó a su fin en noviembre de 2023. La historia gira en torno a la familia Alcántara, quienes provienen del pueblo ficticio de Sagrillas, cuyo rodaje tuvo lugar en el pintoresco municipio de Arahuetes, en Segovia.

Más de un año tras la finalización del programa, el alcalde de Arahuetes, Pedro Francisco Blanco, ha expresado su desacuerdo con la producción, revelando el impacto adverso que tuvo el rodaje en la comunidad. "Han aportado el nombre, pero nada más", afirmó el político en una entrevista con El Norte de Castilla.

Blanco denunció que "nos ha ocasionado más gastos que ingresos. Pasaron años sin pagar nada. Se conectaban a la luz pública y hacían fotocopias de las facturas en la oficina del Ayuntamiento", relató, enfatizando la falta de compensación adecuada por parte de la producción.

Fuertemente crítico, el alcalde calificó el comportamiento de la producción como "el racaneo más grande que he visto en mi vida". Afirmó que si se intentaba cobrar un poco más, parecía como si estuvieran robando, con la amenaza de no volver a rodar en el pueblo. “Decían que ya teníamos suficiente publicidad solo por el nombre”, sentenció.

La creación de Sagrillas

RTVE menciona que el nombre de Sagrillas fue ideado por Patrick Buckley y Eduardo Ladrón de Guevara, los primeros guionistas de la serie. En la ficción, Sagrillas se ubica en Albacete, en una región que destaca por sus viñedos, y es ahí donde los personajes Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) emigraron en los años 50 en busca de una vida mejor, aunque mantuvieron su herencia familiar.

La comunidad exige justicia

La controversia ha reavivado el debate sobre el legado de la serie y su responsabilidad social. Además, algunos ciudadanos temen que la imagen que se ha dado de su pueblo no refleje la realidad, pidiendo a RTVE que reconozca el impacto cultural derivado de su representación. En una reunión reciente, los habitantes de Arahuetes decidieron formalizar una queja ante RTVE, demandando una compensación por los perjuicios sufridos a lo largo de los años de grabación.

Este levantamiento comunitario ha sorprendido a muchos, incentivando la creación de 'Asociaciones de Defensa Cultural' en localidades que se han visto afectadas por producciones similares, reclamando un trato justo y reconocimiento por su contribución a la industria del entretenimiento.